La Policía Nacional ha dado por concluida la operación ‘Tabaiba’, que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, así como de un empresario inmobiliario y de la fundación encargada de gestionar dichos centros, por el presunto desvío de fondos europeos destinados a la acogida y manutención de menores.
Las investigaciones, desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), se iniciaron en 2022 tras la recepción de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), que alertaba de múltiples operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.
El caso fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió Diligencias de Investigación y habilitó el inicio de la operación ‘Tabaiba’, una exhaustiva investigación que se ha prolongado durante tres años. Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asume la dirección de las actuaciones, que continúan bajo la supervisión de la Fiscalía Europea.
Gastos personales cargados a cuentas de los centros
El análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables ha revelado que los investigados desviaron parte de los fondos europeos «Next Generation» transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. Estos fondos, destinados al mantenimiento y funcionamiento de los centros, fueron utilizados para su beneficio económico personal.
De un total de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros mediante reintegros fraccionados. Además, se detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros, que incluían operaciones estéticas, vacaciones, gasolina y comidas en restaurantes.
Estas prácticas fueron detectadas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Facturación falseada
La fundación, a requerimiento judicial, entregó miles de documentos contables supuestamente para justificar las operaciones realizadas. Sin embargo, el análisis policial reveló facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros, evidenciando una manipulación contable para ocultar el desvío de fondos.
Como consecuencia, los investigadores solicitaron la realización de una auditoría financiera y contable para determinar con exactitud el importe total malversado. Durante la investigación, también se descubrió un entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores.
En este contexto, el empresario propietario de los inmuebles, en connivencia con la fundación, habría utilizado sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios duplicados o triplicados respecto al valor de mercado, resultando en un sobreprecio que superó los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023.
Los fondos desviados fueron canalizados hacia otras cuentas y operaciones inmobiliarias, mostrando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación de dinero ilícito en activos patrimoniales. Como resultado de estos hallazgos, la Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de los centros, al empresario inmobiliario y a la fundación implicada.
En últimas, las cinco personas imputadas no tenían antecedentes policiales y sus edades oscilan entre 31 y 61 años. Las actuaciones judiciales permanecen abiertas y se espera que las conclusiones definitivas determinen el alcance económico del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.
