Gobiernos locales y estatales, junto con grupos civiles, han manifestado su rechazo al plan de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que consiste en la compra de depósitos y almacenes en una veintena de ciudades del país para convertirlos en centros de detención de migrantes destinados a su deportación.
Con un presupuesto de 38.300 millones de dólares contemplado en el “grande y hermoso proyecto de ley” de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a adquirir locales para su nuevo “modelo” migratorio, bautizado como Iniciativa de Reingeniería de la Detención (DRI).
Kevin Sartor, alcalde de Surprise (Arizona), donde el DHS planea habilitar uno de estos depósitos para albergar a aproximadamente 1.500 inmigrantes, informó que cientos de personas asistieron al Concejo Municipal para expresar su inquietud por el impacto de esta iniciativa en la comunidad, los servicios públicos, la seguridad de las escuelas cercanas y el valor de las propiedades en la zona.
“No quieren un centro de detención en Surprise, no quieren otro más en Arizona”, manifestó el alcalde.
Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, indicó a EFE que “estamos hablando de almacenes, no sabemos en qué condiciones estarán”. Recordó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona tiene un récord particularmente “oscuro”, con más de una docena de inmigrantes fallecidos en años recientes en el Centro de Detenciones de Eloy.
“Esta Administración está deteniendo a la gente, secuestrándola de las calles y sus trabajos, y luego nadie sabe más de ellos; no tienen contacto con nadie, ni con sus abogados”, lamentó García.
Los estados rechazan los almacenes de ICE
Los estados donde se prevé implementar la DRI han rechazado la iniciativa y la desinformación relacionada. La Fiscal de Arizona, Kris Mayes, y la congresista Adelita Grijalva enviaron una carta a ICE solicitando respuestas sobre la compra del almacén en Surprise.
De acuerdo a un documento del DHS, publicado por la oficina de la gobernadora de New Hampshire, la demócrata Kelly Ayotte, ICE tiene como meta implementar la DRI para septiembre próximo. El plan incluye la adquisición de un almacén en Merrimack, donde el DHS destaca supuestos beneficios económicos para la localidad.
El modelo contempla “la adquisición y renovación de ocho grandes centros de detención y 16 sitios de procesamiento, así como la adquisición de 10 instalaciones ‘llave en mano’”, señala el documento del DHS.
“Este esfuerzo busca responder a la creciente demanda de espacio de alojamiento y agilizar el proceso de detención y deportación, centrándose en instalaciones no tradicionales”, añadió el texto.
Situado a cerca de 300 metros de una escuela en Surprise, donde el 60 % de los alumnos son de origen hispano, grupos comunitarios se manifestaron en contra del plan, tras enterarse de que el DHS había adquirido en enero un almacén de casi 39.000 metros cuadrados.
Desde entonces, activistas, políticos y residentes han alzado su voz contra la venta de este almacén por 70 millones de dólares, puesto que no se notificó a la comunidad sobre el proyecto.
Avances del plan
Las intenciones de la Administración Trump están avanzando en varios estados, incluyendo Maryland, Florida y Texas.
Funcionarios locales y congresistas federales del centro de Florida han expresado su rechazo después de que la prensa local informara sobre un supuesto plan de ICE para adquirir un depósito industrial de más de 40.000 metros cuadrados al este del aeropuerto de Orlando.
El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, destacó en un comunicado que no podrían detener la creación del eventual centro de detención, dado que se trata de un asunto federal.
Mientras tanto, los representantes federales Maxwell Frost y Darren Soto enviaron una carta al DHS para “oponerse fuertemente al nuevo centro de detención”, resaltando que “los abusos e injusticias en Florida a manos del ICE están bien documentados”, como lo ocurrido en el recinto conocido como ‘Alligator Alcatraz’, inaugurado en 2025 al oeste de Miami.
En Texas, después de semanas de presión y escrutinio por parte de activistas y la sociedad civil, una inmobiliaria dueña de un almacén a las afueras de Dallas, que estaba en la mira del DHS, decidió no vender la propiedad al Gobierno.
El DHS había planeado convertir las instalaciones en un centro con capacidad para más de 9.000 migrantes, que hubiera sido el más grande del país, según filtraciones a Bloomberg. Sin embargo, el Gobierno logró la compra de otro almacén en El Paso, con capacidad para encarcelar hasta a 8.500 migrantes, según medios locales.
