SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) – El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la propuesta del ‘Decreto Canarias’, que ahora se remitirá al Parlamento en forma de comunicación para recabar aportaciones de los grupos parlamentarios.
En rueda de prensa, el presidente, Fernando Clavijo, ha insistido en que el texto busca garantizar el «avance» de las islas en un contexto «incierto», actualizar las partidas de los PGE 2023 y «cumplir» con los compromisos de la ‘agenda canaria’.
Clavijo ha afirmado que el contenido fue avalado tanto por el PSOE como por el PP al inicio de la legislatura, manifestando su creencia de que los socialistas están buscando «excusas» para no apoyarlo. «Tienen el documento y los votos», ha agregado, subrayando que en principio debería ser avalado de forma holgada en el Parlamento.
El presidente apuntó que su Gobierno ha trabajado de manera «proactiva» desde agosto del año anterior, cuando pactó esta hoja de ruta con el presidente Pedro Sánchez, en respuesta a la «fragilidad» parlamentaria del Gobierno central. Remarcó que el documento «no va contra nadie» sino «a favor de Canarias».
Frente a las críticas de los socialistas canarios, Clavijo preguntó «qué artículo» no está en la ‘agenda canaria’, el Estatuto de Autonomía, ni los PGE 2023, y consideró «un punto infantil» la exigencia de aprobar un decreto de competencias canarias.
El presidente agregó que su Ejecutivo está «gobernando» y que ya ha aprobado tres presupuestos, cosa que no ha hecho el Gobierno estatal. Asimismo, insistió en la necesidad de «unidad» para enfrentar la negociación con el Estado y evitar que el «ambiente tóxico» de las Cortes Generales influya en el archipiélago.
“Si mostramos unidad, Canarias triunfará; si no se prueba el decreto, a quien castiga es a Canarias y a los más vulnerables”, indicó.
Clavijo también precisó que aún falta por añadir las aportaciones de los cabildos, si las hubiera, y del Consejo Asesor, con quien se reunirá este martes. Además, avanzó que a finales de este mes solicitará una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para iniciar las negociaciones.
El presidente resaltó que el texto es «serio, riguroso y solvente» para asegurar el «cumplimiento» de los acuerdos alcanzados con el Gobierno central y expresó que si no se aprueba “será que el Gobierno no quiere cumplir lo firmado”.
El decreto consta de cuatro capítulos con un total de 50 medidas y varias disposiciones adicionales. Entre sus principales aportaciones, Clavijo destacó «todos los compromisos» suscritos con la ‘agenda canaria’, incluyendo los 45 millones del plan de empleo, 42 millones para infraestructuras educativas y la gratuidad del transporte, lo que ha mejorado la movilidad y ha supuesto un «alivio» para la economía de los hogares.
En lo que respecta a La Palma, se solicita nuevamente la bonificación del 60% del IRPF para que se descuente mes a mes, así como el abono de 100 euros anuales para la reconstrucción.
Más Fondos para Dependencia y Vivienda
El segundo capítulo tiene un marcado carácter social e incluye que las administraciones canarias tramiten el Ingreso Mínimo Vital, que se permita un complemento autonómico a las pensiones no contributivas, una partida de 120 millones anuales para dependencia (el Estado solo aporta el 22% de los fondos, cuando le corresponde el 50%) y 105 millones para la construcción de vivienda.
En el ámbito salarial, el decreto propone que las administraciones públicas canarias puedan aumentar hasta un 2% adicional a quienes perciban menos del 150% del salario mínimo interprofesional o que se bonifique la cuota de la seguridad social a las empresas privadas que aumenten la retribución por encima del convenio.
En los dos últimos capítulos se incluyen las compensaciones que debe el Estado al archipiélago por su lejanía, como el abono del Posei adicional, y garantizar y actualizar el convenio de carreteras.
Igualmente, Clavijo detalló que hay varias disposiciones adicionales que abordan la financiación de plazas de la Policía Canaria, el desarrollo del convenio ferroviario y la participación en la toma de decisiones en las relaciones de España con Marruecos.
