La Audiencia Nacional (AN) ha comenzado este lunes el juicio contra el expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol, sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores, quienes están acusados de haberse enriquecido durante décadas con actividades corruptas aprovechando su posición política.
El juicio es presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, junto a las magistradas María Fernanda García, como ponente, y Mercedes del Molino. Este tribunal juzgará a los acusados por varios delitos, incluyendo asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La vista ha comenzado con una comparecencia previa por videoconferencia de Pujol y a puerta cerrada para que explique su estado de salud. El expresidente estuvo hospitalizado desde mediados de noviembre hasta el pasado viernes por una neumonía.
Un informe forense solicitado por su defensa concluyó que el exmandatario «no está en condiciones» de desplazarse ni de declarar en la sede de la AN en San Fernando de Henares (Madrid). A sus 95 años, presenta «un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)». Los médicos que le examinaron también están previstos para declarar y ratificar sus conclusiones en un juicio que se extenderá hasta mediados de 2026, donde comparecerán más de 200 testigos.
Penas de hasta 29 años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción reclama para el ‘expresident’ 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus hijos, se piden penas de entre 8 y 29 años de prisión, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso la prensa.
La Fiscalía solicita la pena más alta, 29 años, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones de euros. Para su exmujer Mercé Gironés, quien compartió patrimonio con él, se piden 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.
Además de las multas, el Ministerio Público reclama que la familia Pujol devuelva más de 45 millones de euros que presuntamente obtuvieron de manera ilícita.
Para los demás acusados, que son empresarios, la Fiscalía pide penas de dos y tres años de prisión por delitos relacionados con la falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, además de multas que oscilan entre los 200.000 euros y los 8 millones.
En su escrito, la entonces fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, detalla las actuaciones delictivas atribuidas a la familia Pujol, afirmando que el expresidente «aprovechó» su condición de presidente de la Generalitat y líder de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) para tejer una red de clientelismo.
El médico personal del expresidente, el doctor Jaume Padrós, ha insistido en que Pujol «no está en condiciones» de participar en el juicio, según declaraciones recogidas por ‘La 2 Cat’.
Se aprovechaban de su «posición privilegiada»
Este caso llega a juicio después de que el magistrado José de la Mata culminara su investigación en julio de 2020, tras ocho años de pesquisas. El juez propuso juzgar a la familia en su totalidad por formar una presunta organización criminal que, aprovechándose de su «posición privilegiada» en la vida política, social y económica catalana, acumuló un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».
El juez apuntó que parte de esas «actividades corruptas» coincidieron con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, pero que se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generando «cantidades millonarias».
El origen del dinero se sitúa en pagos ilícitos realizados por terceros, en su mayoría vinculados a diversas empresas que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias. Según De la Mata, estos pagos eran a cambio de «concretas influencias» para adjudicaciones y concesiones a lo largo del territorio catalán.
El expresidente admitió en 2014 tener dinero en el extranjero, atribuyéndolo a una herencia de su padre, Florenci Pujol. Explicó que su padre quería dejarle ese dinero fuera de España, temiendo las consecuencias que podría enfrentar un político en tiempos complicados.
Liderazgo de Pujol y la ‘madre superiora’
El juez De la Mata detalló el papel que cada miembro de la familia desempeñó en este entramado. El liderazgo estaba «encarnado» en Jordi Pujol y Marta Ferrusola, su mujer, quien también fue imputada pero falleció en 2024 y se autodenominaba ‘la madre superiora de la congregación’.
Su hijo mayor, ‘el capellán de la parroquia’, seguía las instrucciones de sus padres y asumió la dirección de toda la estrategia y distribución de los fondos ilícitos dentro de la familia.
Pujol Ferrusola admitió que todas las operaciones en las cuentas de Andorra, así como buena parte de los negocios en los que invirtió, estaban relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para él y su familia.
Los demás hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia) también participaban en las actividades delictivas, siguiendo las instrucciones del mayor y abriendo cuentas bancarias en Andorra para gestionar las cantidades distribuidas por su hermano.
El magistrado concluyó que los acusados fuera del clan Pujol «colaboraron estrechamente con la organización, aportando sus estructuras mercantiles e intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos». Se cumple con los requisitos del delito de organización criminal desde que se abrieron las primeras cuentas en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.
