MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) – La Audiencia Nacional (AN) ha comenzado este lunes el juicio contra el expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, sus siete hijos y más de 15 presuntos colaboradores. Se les acusa de haber formado una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas, valiéndose de su posición política.
El juicio, que es presidido por el magistrado José Ricardo de Prada y cuenta con la participación de las magistradas María Fernanda García y Mercedes del Molino, juzgará a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La primera sesión del juicio comenzó con una comparecencia previa por videoconferencia de Pujol, que se realizó a puerta cerrada para que el expresidente explicara su estado de salud. Desde mediados de noviembre, Pujol había estado hospitalizado debido a una neumonía.
Un informe forense, solicitado por su defensa, concluyó que el exmandatario «no está en condiciones» de desplazarse ni de declarar en la sede de la AN en San Fernando de Henares (Madrid), donde se ha iniciado la vista. A sus 95 años, presenta «un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)». Los doctores que redactaron el informe también están convocados a declarar para ratificar sus conclusiones durante un juicio que se extenderá hasta mediados de 2026, en el que comparecerán más de 200 testigos.
PENAS DE HASTA 29 AÑOS DE CÁRCEL
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el ‘expresident’ 9 años de cárcel y una multa de 204.000 euros. Para sus siete hijos, pide penas de entre 8 y 29 años de prisión, según ha podido conocer durante el acceso al escrito de acusación.
La Fiscalía solicita la pena más alta, de 29 años, para el hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y una multa de más de 6,5 millones. Para su exmujer, Mercé Gironés, a quien la fiscal señala por haber compartido patrimonio con el que fue su marido, pide 17 años de cárcel y más de 600.000 euros de multa.
Aparte de las multas, el Ministerio Público reclama también que la familia Pujol devuelva el dinero del que presuntamente dispuso, más de 45 millones de euros.
Para el resto de acusados, que son empresarios, la Fiscalía pide penas de 2 y 3 años de prisión por delitos de falsedad de documento mercantil en relación con un delito de blanqueo de capitales. También se les solicita multas que oscilan entre los 200.000 euros y los 8 millones.
En el marco de su escrito, la entonces fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, relata las actuaciones presuntamente delictivas atribuidas a la familia Pujol y sostiene que el expresidente catalán, «aprovechando» su condición de presidente de la Generalitat y líder de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), «tejó una red de clientelismo».
El médico personal del expresidente, Dr. Jaume Padrós, ha reiterado este lunes en declaraciones a ‘La 2 Cat’ que Pujol «no está en condiciones» de participar en el juicio contra él y parte de su familia.
SE APROVECHABAN DE SU «POSICIÓN PRIVILEGIADA»
Esta causa llega a juicio después de que el magistrado José de la Mata culminara su investigación en julio de 2020, tras ocho años de pesquisas.
El juez propuso juzgar a toda la familia por formar una presunta organización criminal que, aprovechándose de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas», acumuló un «patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas», de acuerdo con el auto de imputación al que tuvo acceso.
En dicho auto, el magistrado señaló que parte de esas «actividades corruptas» cometidas por la familia coincidieron temporalmente con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, que ocupó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles «cantidades millonarias».
El instructor situó el origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, principalmente vinculadas a distintas empresas, que entregaban sumas millonarias a la familia, bajo estructuras societarias. Según De la Mata, esto ocurría a cambio de una «contraprestación» que consistía en que los Pujol ejercieran «concretas influencias» para adjudicaciones y concesiones en territorio catalán.
Jordi Pujol admitió en 2014 tener dinero en el extranjero, pero lo atribuyó a una herencia de su padre, Florenci Pujol. En su comunicado, explicó que su padre optó por dejarle ese dinero fuera de España debido a las experiencias vividas durante los años 30 y 40, y «tenía miedo de lo que podría pasar, y más de lo que podría pasar a un político muy comprometido».
LIDERAZGO DE PUJOL Y LA ‘MADRE SUPERIORA’
De la Mata concretó el papel que cada miembro de la familia habría desempeñado en este entramado. El liderazgo estaba «encarnado» en Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola, su mujer, que también estuvo imputada, pero falleció en 2024 y que se autodenominaba, según recordó el juez, ‘la madre superiora de la congregación’.
En el siguiente escalón estaba su hijo mayor, «el capellán de la parroquia», quien siguiendo las instrucciones de sus padres «asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas» dentro del grupo familiar.
S según el magistrado, Pujol Ferrusola «ha admitido que todas las operaciones llevadas a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos realizados y buena parte de los negocios en los que invirtió durante años estaban directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia».
El juez determinó que del resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en negocios u operaciones, «seguían las instrucciones» del mayor. Abrían sus propias cuentas bancarias en Andorra y gestionaban los capitales distribuidos por el primogénito, tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito.
Aunque «el rol más preeminente» era el de Pujol Ferrusola, ya que ostentaba la «responsabilidad principal de la recepción y distribución de dinero entre los miembros de la familia», en algunas ocasiones, Josep, Oleguer o Pere realizaron transferencias a sus hermanos, precisó el juez.
Sobre los procesados fuera del clan Pujol, De la Mata concluyó que «colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y actuando como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios».
Asimismo, el juez explicó que se cumplen los requisitos doctrinales del delito de organización criminal, con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo desde que se abrieron las primeras cuentas en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.
