VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) – La asociación Juristes Valencians ha manifestado su desacuerdo ante la «devaluación institucional del autogobierno», dada la ausencia de actos programados por parte de la Generalitat y Les Corts para conmemorar el 20 aniversario de la reforma del Estatut d’Autonomia. Este acontecimiento, que entró en vigor el 11 de abril de 2006, fue fundamental al reconocer institucionalmente a la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica y no simplemente como una región dentro del estado español.
En un comunicado, Juristes Valencians ha instado al ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a reflexionar sobre el estado actual del autogobierno valenciano, en un momento marcado por las dos décadas de la reforma del Estatut. Este fue un hito significativo en la historia de la autonomía valenciana, especialmente después de que Felipe V eliminara los Furs y las instituciones históricas que fueron instauradas por Jaume I a partir de 1238.
El presidente de Juristes, José-Ramón Chirivella, ha expresado que, tras 20 años de vigencia formal del Estatut, que fue apoyado por un amplio consenso político y social, resulta preocupante observar la falta de impulso en diversos ámbitos. Ha señalado la necesidad de una mejor coordinación entre las policías locales, como se evidenció tras la dana de octubre de 2024, y ha criticado la escasa dotación estatal para una policía autonómica, que resulta invisible para la mayoría de la población. Asimismo, ha mencionado la inadecuada financiación de competencias en áreas como la asistencia social o sanitaria, lo que repercute en la calidad de los servicios esenciales para más de 5.500.000 de valencianas y valencianos.
Chirivella también ha recordado que el Estatut de 1982 no respondía a las aspiraciones de los valencianos ni de los ayuntamientos, quienes deseaban acceder, de manera acelerada, a la máxima autonomía a través del artículo 151 de la Constitución. Sin embargo, debido a presiones de los líderes políticos de aquel momento, fue el texto que se les otorgó.
El Estatut de 2006, en cambio, representa lo anhelado por la sociedad valenciana, y gracias a la visión y liderazgo de sus dirigentes en esa época, no sufrió recortes significativos en su tramitación por las Cortes Generales. Introdujo importantes avances, como la Carta de derechos sociales, la cláusula Camps y mecanismos que buscan garantizar niveles competenciales similares a los de otras comunidades autónomas, así como la creación de un servicio tributario valenciano.
DERECHO CIVIL VALENCIANO
Por otro lado, Juristes Valencians ha vuelto a denunciar la negativa del grupo del PP en Les Corts, junto a su síndic, Nando Pastor, de incluir en el orden del día del pleno del 14 y 15 de abril la designación de los diputados que defenderán en el Congreso la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano.
El colectivo ha solicitado nuevamente una reunión con el ‘president’ de la Generalitat para que se forme la delegación valencia ante el Congreso, con el objetivo de promover la recuperación del derecho civil valenciano. «La sociedad civil valenciana desea recuperar leyes civiles modernas en el ámbito del derecho de familia y crear nuevas normas que proporcionen una mayor libertad sucesoria y aseguren la continuidad de las empresas familiares valencianas», han reivindicado.
El derecho civil valenciano estuvo vigente desde 2008 hasta 2016, pero varias leyes fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC), que dictaminó que la Generalitat se había extralimitado en sus competencias. En 2020, Les Corts aprobaron una propuesta de reforma constitucional para recuperar este derecho, aunque no se ha avanzado en su tramitación desde entonces. Recientemente, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, envió una carta al parlamento valenciano para instarles a designar a los tres diputados responsables de defender la reforma en la Cámara Baja.
En este contexto, el síndic del PP reiteró su oposición a apoyar la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano, argumentando que detrás de este proceso podrían encontrarse partidos que intentaran «colar» otras cuestiones. Aseguró, además, que «hay varios expertos que sostienen que existen otras vías y alternativas para legislar en la Comunitat Valenciana en materia de derecho civil», aunque no especificó cuáles.
