No se han analizado las obras de Belate, dado que ya se había emitido una opinión con anterioridad.
PAMPLONA, 10 de octubre. (EUROPA PRESS) – La Cámara de Comptos ha mostrado este viernes su «opinión favorable de cumplimiento de legalidad» en el proceso de licitación, adjudicación y ejecución de contratos adjudicados a la UTE Acciona-Alegure para las obras del colegio de Arbizu, y a la UTE Acciona-Servinabar para la adecuación del Pabellón Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra y la construcción de 46 VPO en Erripagaña (Pamplona). Sin embargo, se ha observado una excepción en el caso de la construcción de 62 viviendas en Erripagaña (Egüés) en 2018, donde se «observan deficiencias relativas a la ausencia de actas de la mesa de contratación y la existencia de causa de exclusión de dos ofertas».
El origen del informe está relacionado con la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la supuesta comisión de delitos de corrupción en el denominado ‘caso Cerdán’. A raíz de este informe y a instancias de la presidenta de Navarra, María Chivite, el Parlamento solicitó a la Cámara de Comptos una fiscalización sobre las obras adjudicadas a empresas mencionadas por la UCO, aunque esta última no hiciera referencia expresa a obras en Navarra. En este trabajo del órgano fiscalizador se excluyeron las obras de los túneles de Belate, dado que ya habían sido analizadas previamente.
En cuanto a la adecuación del Pabellón Arena, el contrato fue adjudicado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. El anuncio de licitación, por un total de 4,6 millones de euros, se publicó el 17 de agosto y el plazo para la presentación de ofertas concluyó el 4 de septiembre. La UTE Acciona-Servinabar fue la única licitadora, adjudicándose el contrato con una baja del 0,2%.
El informe indica que el importe del contrato se incrementó en 200.000 euros para atender peticiones de federaciones deportivas. Se verifica que los informes técnicos que respaldan esta modificación son razonables y que se tramitó adecuadamente. Sin embargo, el INDJ penalizó a la empresa con 78.000 euros por retraso en la ejecución de la obra.
Por otro lado, las obras de rehabilitación interior del antiguo Archivo General de Navarra y jardines de acceso fueron licitadas en febrero de 2018. El Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia realizó la licitación con un importe de 2,9 millones de euros, y se presentaron cuatro ofertas. La obra se otorgó a la UTE Acciona-Servinabar por 2,4 millones.
En marzo de 2019, la UTE solicitó aumentar el plazo de ejecución y la suspensión temporal parcial de las obras, alegando imprevistos. La directora general de Presidencia y Gobierno Abierto denegó la petición, lo que llevó a la adjudicataria a presentar un recurso de alzada. El Gobierno decidió permitir el avance en la obra mientras se resolvía el recurso, el cual fue estimado parcialmente, ampliando el plazo de ejecución en seis meses. El costo de la obra fue de 2,9 millones, con cambios de importe basados en informes técnicos calificados como «razonables».
La construcción del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Arbizu se licitó en mayo de 2018 por un importe de 3,5 millones. Tras presentar cinco ofertas, el Departamento de Educación adjudicó la obra a la UTE Acciona-Alegure por 3,2 millones. La obra comenzó en agosto de 2018, aunque los avances fueron limitados en los meses posteriores. En marzo de 2019, la UTE solicitó resolver el contrato o, en su defecto, ampliar el plazo de ejecución y abonar sobrecostes. El Departamento de Educación accedió a aumentar el plazo en dos meses, y un recurso administrativo solicitó más tiempo y un incremento del importe del contrato. Como resultado, se aumentó el importe en 85.000 euros y se mantuvo la ampliación del plazo.
Al final, la ejecución de la obra se retrasó algo más de dos meses, lo que llevó a un penalización de 18.000 euros. El coste final fue de 3,3 millones.
En cuanto a la licitación de 62 VPO en Erripagaña (Egüés), gestionada por la sociedad pública Nasuvinsa en septiembre de 2018, se presentaron tres ofertas y la UTE Acciona-Servinabar fue adjudicataria, con un importe de 6,8 millones. El informe señala que «no consta ningún acta de la mesa de contratación que acredite su constitución, actuaciones ni decisiones». Además, solo se tuvo acceso a cierta documentación intercambiada entre personas, con propuestas de valoraciones técnicas y económicas sin fecha ni firma.
Asimismo, los pliegos establecen que las empresas licitadoras no podían incluir información sobre el plazo de ejecución en el sobre relativo a criterios cualitativos. Sin embargo, dos de las tres empresas, incluida la adjudicataria, «incluyeron dicha información incurriendo en causa de exclusión».
Con respecto a la ejecución del contrato, el precio de la obra aumentó en más de 900.000 euros. La Cámara de Comptos ha verificado que los informes técnicos que justifican la modificación son «razonables». La obra también se retrasó dos meses y medio debido a la pandemia de la Covid-19, lo que evitó la imposición de penalización.
A continuación, en enero de 2023, Nasuvinsa adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar la construcción de 46 VPO en Erripagaña, término de Pamplona, habiéndose presentado tres ofertas. El importe de licitación se fijó en 8,4 millones, y se adjudicó por 7,8 millones, con un precio final de 8,3 millones. Existe «un informe técnico que justifica el aumento del contrato en 530.000 euros».
La UTE está «pendiente de justificar la contratación de dos personas de acuerdo a criterios sociales establecidos en el pliego». Además, Nasuvinsa «está analizando si el retraso en la ejecución de la obra está justificado». Por estos dos motivos, la UTE «podría enfrentar penalizaciones».
Participaciones en las UTEs y cuentas de Servinabar
El informe también ha analizado las participaciones de las empresas que conforman la UTE en estas obras. Se mencionan dos modificaciones: en el caso de la construcción del colegio de Arbizu, el documento público de junio de 2018 establece que Acciona tiene un 75% de participación y Alegure un 25%. En octubre del mismo año, estos porcentajes cambian, siendo Acciona el 99,99% de participación.
Respecto a las 62 VPO de Erripagaña (Egüés), en la documentación presentada en la oferta de mayo de 2018, se asigna a Acciona el 80% y a Servinabar el 20%. En febrero de 2019, estos porcentajes se modifican, manteniendo nuevamente un 99,99% para Acciona.
Por último, el informe resalta que las declaraciones del impuesto de sociedades de Servinabar reflejan su participación en las UTEs. Sin embargo, las cuentas depositadas en el Registro Mercantil «no incluyen los ingresos y gastos derivados de su participación en dichas UTEs».
Recomendaciones
El informe ofrece dos recomendaciones principales: mejorar la definición de los criterios de adjudicación y puntuación en los pliegos de contratación, y modificar la Ley Foral de Contratos Públicos para «regular de manera más completa su funcionamiento y los efectos de las modificaciones en la composición de las mismas».
