Los bomberos forestales participaron en una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad – Ricardo Rubio –
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El Gobierno regional renovará el encargo que expira en diciembre e introducirá mejoras: 32 millones y contratación todo el año.
MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) –
La Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa han abordado este viernes la posibilidad de que los efectivos de las Brigadas Forestales que trabajan en la región puedan acogerse al convenio de la empresa pública para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) estatales.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se reunió este viernes en la sede de la Consejería con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, para discutir el conflicto laboral de estos trabajadores, quienes iniciaron el 15 de julio una huelga para reclamar mejoras laborales —con servicios mínimos del 80%— y que han suspendido hasta el próximo 25 de agosto.
En la reunión se exploró la opción de ofrecer a estos trabajadores la posibilidad de su incorporación al convenio de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, cuyo anuncio se publicó en el BOE esta misma semana.
Desde la Consejería de Medio Ambiente han subrayado que este acuerdo ha recibido «muy buena valoración por parte de varios ministros del Gobierno de España» y han enfatizado que se trata de una opción «perfectamente legal», siempre que haya un acuerdo previo entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
En este momento, los efectivos de las Brigadas Forestales de Madrid están regidos por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, un convenio colectivo sectorial autonómico que, según Tragsa, «no está legitimada para la negociación».
Por su parte, el Gobierno regional sostiene que no puede negociar las mejoras para los trabajadores al no ser competente en un convenio colectivo sectorial, tal como se detalla en un informe solicitado a la Dirección General de Trabajo. Este informe indica que, aunque Tragsa «no está legitimada para negociar» este convenio colectivo sectorial, sí puede negociar «su propio convenio de empresa».
Desde el departamento que dirige Carlos Novillo han argumentado que esta forma de proceder permitiría incluir a todo el personal encargado de las labores de prevención y extinción de incendios forestales, «garantizando homogeneidad en las condiciones de trabajo de los profesionales que realizan las mismas funciones».
Reunión a tres la próxima semana y mejoras en el encargo
Durante la cita, la Comunidad de Madrid también instó a la empresa pública a convocar una reunión con los representantes de los trabajadores la próxima semana para avanzar en la solución del conflicto laboral.
En declaraciones a los medios después del encuentro, el presidente de Tragsa destacó que esperan que la reunión con los representantes de los trabajadores se lleve a cabo «en breve» y que invitarán a la Comunidad a participar.
Durante este encuentro, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) presentará el plan de mejora de las bases e infraestructuras del que ya se informó a los representantes el pasado mes de julio.
Asimismo, se ha confirmado a Tragsa la decisión de renovar el encargo de las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y en intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos.
El nuevo encargo, que comenzará a aplicarse en 2026, incluirá mejoras significativas como un incremento de la partida presupuestaria en 4 millones de euros, alcanzando un total superior a 32 millones anuales. Además, tal como se comunicó a los trabajadores en julio, se contemplará la contratación de personal durante los 12 meses del año.
Todo ello con el objetivo de aumentar las acciones de prevención con un operativo más estable y profesionalizado, según fuentes de la Consejería. Desde la Comunidad de Madrid se ha destacado que este esfuerzo «continúa en la búsqueda de soluciones» a la situación laboral de este colectivo, cuyas reivindicaciones el Ejecutivo autonómico reconoce como «necesarias».
El presidente de Tragsa ratificó que cuando se reciba el nuevo encargo, la empresa pública implementará las medidas contempladas. «Si en enero nosotros recibimos un encargo con unas condiciones diferentes a las actuales, lo ejecutaremos con esas nuevas condiciones. Por el momento estamos ejecutando el encargo con las condiciones actuales, no podemos hacer otra cosa», expresó.
En cualquier caso, Casas expresó su satisfacción con la reunión, afirmando que es «estupendo que la Comunidad de Madrid abra un proceso para analizar cómo está la situación, qué cosas debe incorporar, de modo que el resultado al final beneficie a los madrileños y madrileñas, y al medio natural de la Comunidad de Madrid, así como a los trabajadores implicados».
Reivindicaciones de los trabajadores
El comité de empresa —integrado por los sindicatos UGT, Firet y CGT— denuncia la precariedad y temporalidad en que trabajan y exige mejoras laborales junto con la negociación del convenio colectivo, que no se ha revisado desde 2008.
Entre otras demandas, los trabajadores piden actualizar los salarios, que están congelados desde 2010, así como que se considere la peligrosidad, penosidad y toxicidad asociadas a su labor —no están protegidos ante agentes cancerígenos—, y que se elimine la temporalidad —actualmente, el 40% de la plantilla trabaja solo cuatro meses al año.
Jesús Molina, de Firet, ha señalado que también se demandan mejoras en bases que llevan 20 años de abandono, o que se aplique la Ley 5/2024, aprobada el 8 de noviembre de 2024, algo que no está implementando la Comunidad de Madrid.
Aproximadamente 500 bomberos forestales —unos 350 en temporada baja— realizan su trabajo en la Comunidad de Madrid, aunque son contratados por la empresa pública Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), vinculada al Ministerio de Hacienda.
