PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) – La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 11 años de prisión a un hombre de 52 años que el 20 de marzo de 2024, en la localidad de Zizur Mayor, disparó en plena calle en cinco ocasiones contra un conocido, que quedó parapléjico a consecuencia de una de las balas recibidas en la espalda.
Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el procesado, natural de Pamplona, deberá indemnizar a la víctima con 3.000.000 de euros debido a las gravísimas secuelas provocadas.
El tribunal considera al encausado autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, con la concurrencia de la atenuante de anomalía psíquica. En prisión provisional desde el día de los hechos, no podrá comunicarse ni acercarse al perjudicado a menos de 200 metros durante 20 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 10 años.
En el juicio, celebrado el pasado 17 de diciembre, la fiscalía solicitó 15 años de prisión para el acusado, mientras que la acusación particular reclamó 25. La defensa, por su parte, pidió la absolución al entender que concurría la eximente completa (circunstancia que libera de responsabilidad penal) por trastorno psicótico delirante asociado al consumo de tóxicos.
El 20 de marzo de 2024, la víctima acudió a Zizur Mayor, a la calle Santa Cruz de Ardoi, donde residía el procesado. Ambos se conocían y se habían citado previamente. Según se considera probado en la sentencia, el encausado bajó de su domicilio y se dirigió directamente contra el denunciante, a quien, cuando ya estaba próximo a él, «con clara e inequívoca intención de acabar con su vida» efectuó dos disparos de forma sorpresiva contra su pierna derecha.
La víctima, que sangraba profusamente, huyó. El agresor le persiguió corriendo y, en cuanto pudo, le tiroteó en tres ocasiones. Dos de los disparos le alcanzaron, uno en el abdomen y otro en la espalda, provocando gravísimas lesiones.
La acción del acusado, según consta en la resolución judicial, «no llegó a producir la muerte de la víctima por causas ajenas a su voluntad, concretamente por la intervención rápida de la Policía y por la actuación de los servicios médicos, gracias a la asistencia sanitaria inmediata del herido. Sin ella, el paciente hubiera sufrido un riesgo vital». El lesionado tiene concedido un grado de discapacidad del 75%.
Por su parte, el procesado estaba diagnosticado de trastorno dual, trastorno mixto de la personalidad (disocial y paranoide), asociado al consumo de alcohol, cannabis y estimulantes. En el momento de los hechos, se encontraba afectado por el consumo de estas sustancias.
Según expone la Sección Primera de la Audiencia, la autoría del delito fue incluso reconocida por la defensa, que calificó los hechos como constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa; sin embargo, puso en duda el número de disparos efectuados.
El tribunal señala que los disparos que impactaron en la víctima están documentados en informes médicos, así como en las declaraciones de testigos presenciales. También hay una grabación videográfica que muestra los diferentes momentos de la persecución del inculpado, arma en mano, corriendo detrás de la víctima.
DISPAROS A QUEMARROPA
El asesinato se clasifica como un homicidio agravado por la alevosía, ensañamiento, precio, recompensa o promesa, o para facilitar u ocultar otro delito. «En este caso, concurre la circunstancia que cualifica el asesinato, en concreto la alevosía, ya que el ataque contra la vida de la víctima fue realizado por el acusado, que se dirigió a él con el arma oculta, de forma súbita y sorpresiva, disparando a quemarropa en un primer momento en el muslo, encontrándose desarmado y sin posibilidad de defensa, y persiguiendo después a la víctima, disparándole por la espalda», detallan los magistrados.
Respecto a la eximente reclamada por la defensa, el tribunal considera que las pruebas periciales practicadas no avalan que el encausado tuviera sus facultades intelectivas y volitivas anuladas en el momento de la comisión de los hechos.
El Código Penal establece una pena para el delito de asesinato de entre 15 y 25 años de prisión. El tribunal explica que, al tratarse de un delito en grado de tentativa, se debe imponer la pena inferior en uno o dos grados según las circunstancias del hecho y la personalidad del autor.
En este caso, dado que la tentativa es acabada, procede imponer la pena inferior en un grado, teniendo en cuenta la extrema gravedad de las lesiones causadas con arma de fuego y el riesgo vital que conllevaron. Además, al concurrir la atenuante analógica de anomalía psíquica, la pena debe imponerse en la mitad inferior. Por lo tanto, la horquilla penal es de 7 años y medio de prisión a 15. Y por la consideración de la atenuante, se impondrá la pena en la mitad inferior, es decir, de 7 años y medio a 11 años y 3 meses de prisión.
La Audiencia concluye que, debido a «la intensidad de la agresión con arma de fuego, con persecución a la víctima, con reiterados disparos y el peligro extremo para la vida que supuso el ataque», se estima proporcionada la imposición de 11 años de prisión.
