«Cada día que pasa con trámites innecesarios implica un coste añadido y una pérdida de oportunidades», señaló durante la audiencia legislativa del Proyecto de Ley. En un contexto de «elevada incertidumbre geopolítica y mercados más exigentes», el presidente de la patronal subrayó que representa «más de 140.000 activos empresariales entre autónomos y empresas» y ha trabajado «de forma transversal» con asociaciones sectoriales para identificar «cuellos de botella» que puedan corregirse en el ámbito regional.
«Hablamos de simplificar sin vulnerar normas europeas o estatales; mejorar plazos e inversiones es esencial para una región históricamente infrafinanciada», apuntó, recordando que en agosto «la Región creó empleo frente a la tónica nacional». Abad citó problemas recurrentes, como la «duplicidad de documentación entre administraciones» y el «exceso de legislación», que «obliga a subcontratar o a ampliar plantillas solo para cumplir trámites». Esta situación ha causado un aumento de costes superior al 60% en los últimos años, lo que se traduce en menor competitividad.
También defendió la necesidad de establecer «confianza legítima» en la actuación empresarial y pidió que «los procedimientos no se multipliquen hasta veinte pasos para ampliar o modernizar una actividad». Anunció que CROEM impulsará un plan de formación sobre la nueva norma en localidades como Cartagena, Caravaca, Lorca o Yecla y colaborará con la Consejería de Empresa en la capacitación de personal funcionario, utilizando «casos prácticos». Además, propondrá «una comisión de seguimiento» para verificar el cumplimiento de la ley, mostrando disposición a apoyar «mejoras técnicas que perfeccionen el texto y no afecten a normas superiores ni al medio ambiente».
Reacciones de los grupos parlamentarios
En el turno de los grupos, el socialista Alfonso Martínez manifestó que su formación comparte el objetivo de simplificar, pero discrepó «de la forma en que el Gobierno regional aborda este problema». Pidió una norma «con vocación de permanencia» y reclamó «garantías suficientes» para proteger el medio ambiente y el patrimonio, así como evitar demoras por falta de medios en la tramitación.
Desde Vox, Virginia Martínez respaldó el concepto de simplificación por ser «necesario para emprendedores y empresas», y propuso «eliminar dos o tres normas por cada ley nueva». Mostró preocupación porque «esta podría ser ya la séptima ley de simplificación» y exigió que «la implementación sea real», con «formación adecuada de quien la aplica, información a ciudadanía y empresas, y una evaluación trimestral de resultados para corregir desvíos».
Maria Marín, del Grupo Mixto (Podemos), cuestionó el enfoque del texto al considerarlo «hecho al dictado de la patronal» y advirtió que «beneficiará a grandes promotores inmobiliarios y multinacionales», defendiendo, en cambio, «los intereses de la clase trabajadora», incluyendo entre sus reivindicaciones la subida del salario mínimo.
Por último, María Casajús, diputada del PP, defendió el proyecto por su «impacto directo en el tejido productivo y en la economía regional». Recordó que el Gobierno regional optó inicialmente por el decreto ley para responder con rapidez a «una demanda social», aunque fue reconducido a tramitación parlamentaria. Casajús aseveró que esta «cuarta ley nace de la experiencia acumulada» y corrige «cuellos de botella detectados en las anteriores», reivindicando la doctrina de la «confianza legítima» como «avalada por el ordenamiento europeo».
