PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) – La comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre obras públicas en la Comunidad foral ha continuado este martes con la comparecencia de los redactores del proyecto de duplicación de los túneles de Belate, Ignacio Sainz (Sertecna) y Mario Fernández (Geocontrol). Los comparecientes han manifestado que, en relación a los sobrecostes registrados al inicio de la obra, «hay que tener en cuenta que cualquier obra es una obra viva, que pueden surgir imprevistos». En este sentido, Sainz comentó que «no es una obra que estés tratando con elementos con seguridades del cien por cien».
Durante su intervención, el parlamentario de UPN, Pedro González, les preguntó si era necesario implementar una serie de actuaciones adicionales que encarecieron la obra. Sainz respondió que «no lo sabemos, porque eso depende de las labores del contratista», quien, a medida que ejecuta la construcción del túnel, tiene unas necesidades específicas que se deben abordar con la dirección de obra. «Nosotros tenemos unos datos de partida y con esos datos de partida, nuestras conclusiones eran adecuadas», añadió.
González indicó que «el conjunto de los modificados supone 8,5 millones más, que prácticamente es un 12%» del coste inicialmente previsto. Explicó que, si bien es normal que surjan imprevistos al comenzar una obra, «esos imprevistos y esas modificaciones surgen prácticamente cuando no se ha movido una pala de tierra, al inicio de la obra».
El parlamentario inquirió si eran normales esos sobrecostes al iniciar la obra, a lo que Sainz replicó que «cada obra es diferente» y que es la dirección de obra la que, junto al contratista, debe definir estos temas. «Nosotros nos quedamos en la fase de proyecto», subrayó.
Por su parte, Mario Fernández explicó que «en muchas obras, por no decir en la práctica totalidad, los técnicos que intervienen en la fase de construcción plantean alternativas para adaptarse a sus propios medios, o por eventos que han sucedido que a nivel y a la escala que se trabaja, un proyecto no se han podido prever». Indicó que en otras experiencias se han presentado modificaciones a los proyectos y se han ejecutado obras distintas.
Respecto a la construcción del primer túnel de Belate, Fernández aclaró que su empresa no tuvo vinculación con el proyecto original, pero que, tras la entrada en servicio del túnel, participó en el «análisis de las patologías» y en las reparaciones necesarias. Ante las preguntas del PSN, prefirió no valorar el sobrecoste del 40% que tuvo la construcción de este primer túnel, señalando que conocían las patologías que surgieron después de que se pusiera en servicio, pero lo que sucedió durante la redacción y ejecución de aquel proyecto no era de su conocimiento. Javier Lecumberri, parlamentario del PSN, destacó que hubo un tramo que llegó a tener un sobrecoste del 70,6%.
Rebaja del 30%
UPN también mencionó que la redacción del proyecto de duplicación del túnel de Belate fue adjudicada a ambas empresas por un valor de 875.576,21 euros, «cuando el valor máximo del contrato en el pliego era de 1.239.669 euros, IVA excluido», lo que representa prácticamente un 30% de baja sobre la oferta. González sugirió que esta situación podría ser una «baja temeraria».
Sin embargo, ante las preguntas del PSN, Sainz explicó que «hicimos una justificación técnica» de esta rebaja y que «nos la aprobaron». Indicó que habían trabajado en años anteriores en los problemas generados por el primer túnel de Belate, y por ello contaban con documentación sobre la zona. «Como era un proyecto muy interesante para ambas empresas, se decidió hacer ese esfuerzo para conseguirlo», agregó Sainz.
Fernández también coincidió en que la baja del 30% pudo deberse «al conocimiento previo que tenía nuestra empresa por muchos años de participación en los proyectos del túnel existente de Belate», enfatizando que «teníamos una cierta ventaja técnica respecto a otras ingenierías».
Finalmente, cuando se les cuestionó si en algún momento del proceso se reunieron con responsables políticos en relación a esta obra, respondieron que no, aunque sí lo hicieron con los directores generales de Obras Públicas, indicaron que no tuvieron relación con Servinabar ni conocían a Antxon Alonso, propietario de esta empresa, además de señalar que no recibieron ninguna presión por parte de ningún cargo político.
