Valladolid, 9 Ene. (EUROPA PRESS) – El nuevo modelo de financiación autonómica presentado este viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asigna 271 millones de euros más al año para Castilla y León a partir de 2027. Este incremento representa cerca del 1,3 por ciento de los casi 21.000 millones que se repartirán entre todas las comunidades.
La propuesta del Ejecutivo central prevé que Castilla y León sea la comunidad que más se beneficiará del criterio de población ajustada, con un 9,7 por ciento más de recursos en comparación con su población real. Esta información fue detallada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, durante una rueda de prensa en la que solicitó un debate centrado en «datos, serenidad y responsabilidad institucional».
Sen puntualizó que el nuevo modelo de financiación representará para Castilla y León un aumento en los recursos económicos de la comunidad de 271 millones al año, lo que se traduce en un total de 1.355 millones hasta 2031 si se aprueba este nuevo esquema.
Así, destacó que Castilla y León se beneficiará del criterio de población ajustada, que es un 9,7 por ciento superior a su población real. Esta región es la que más recursos recibe por la variable de superficie y se encuentra entre las primeras en cuanto a dispersión, lo que toma en cuenta el problema de la despoblación.
Además, Castilla y León también se beneficia de la solidaridad interterritorial, siendo una de las comunidades que más fondos recibe de la nivelación horizontal y vertical, es decir, de la aportación del Estado. También se contempla financiación del nuevo fondo climático.
El delegado del Gobierno hizo hincapié en la importancia de enfocarse en los datos del nuevo modelo y evadir debates abstractos, con el objetivo de garantizar políticas de mejora en áreas como vivienda, educación, transporte y sanidad, sin importar el lugar de residencia.
Afirmó que este debate debe realizarse con «datos, serenidad y responsabilidad institucional», dado que el actual sistema no se renueva desde hace demasiado tiempo, lo que ha generado incertidumbre y dificultado la planificación estable de los servicios públicos.
Señaló que un sistema desfasado no beneficia a nadie y que el Gobierno ha presentado este modelo con más recursos, mayor transparencia y reglas más justas para ser discutidas con las comunidades autónomas en los órganos establecidos.
En relación a las críticas recibidas en las últimas horas que sugieren que esta reforma favorecería a determinadas comunidades autónomas, Sen defendió que el nuevo modelo debe debatirse y acordarse dentro de los marcos institucionales y parlamentarios correspondientes.
Finalmente, instó a la Junta de Castilla y León a participar en la reunión bilateral que se celebrará cuando sea necesario y a plantear sus propuestas para mejorar el primer borrador del modelo.
Nuevos criterios
Uno de los aspectos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que impactan en el coste de los servicios y las necesidades de financiación. El reparto de los recursos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de cada comunidad.
Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en comunidades con una población envejecida, mientras que otras tendrán mayores necesidades en educación si cuentan con una mayor proporción de habitantes en edad escolar.
Con la inclusión de mejoras metodológicas, las grandes variables que conforman la nueva propuesta de población ajustada del Gobierno son la población empadronada, que representa el 30 por ciento de dicha ponderación. También se incorporará la población protegida equivalente, que pretende reflejar el gasto sanitario, la cual representa un 38 por ciento de las necesidades. Para su cálculo, se dividirá en 20 grupos de edad, dejando atrás los siete del modelo actual.
Actitud «contradictoria»
En su intervención, Nicanor Sen criticó la «actitud contradictoria» del Ejecutivo autonómico, que solicita permanentemente más recursos mientras se niega a participar en los organismos de debate donde se establecen las normas que regirán durante los próximos cinco años, evitando hacer aportaciones y en algunos casos renunciando a fondos cruciales para Castilla y León.
Por ello, pidió «responsabilidad» a la Administración autonómica para dialogar, dado que aún queda camino por recorrer para avanzar en la aprobación de este nuevo modelo en las Cortes Generales.
