VALLADOLID, 2 de marzo. (EUROPA PRESS) – Las defensas en el denominado ‘caso ataúdes’ han solicitado la nulidad de actuaciones y el sobreseimiento de la causa abierta a un total de veintitrés personas, entre responsables del grupo funerario El Salvador y trabajadores del mismo. Denuncian que el ‘macrojuicio’ que ha dado comienzo en la Audiencia de Valladolid se encuentra viciado desde su inicio por la actuación de la Policía Nacional, a la que acusan de llevar a cabo una investigación que se mantuvo oculta ante el juzgado de instrucción, la Fiscalía y la mercantil enjuiciada.
El primer día del juicio, que se ha iniciado en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, ha estado marcado por la fase de cuestiones previas. La decena de defensas que representa a los veintitrés acusados, así como a las dos entidades jurídicas, Funeraria Castellana SA y Parque El Salvador SL, han hecho causa común para invocar la nulidad de actuaciones. Alegan que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados, que se enfrentan a un largo listado de delitos por supuestamente haberse confabulado entre 1995 y 2015 para cambiar los ataúdes de los fallecidos, incinerando cadáveres en cajas de baja calidad, mientras las familias habían contratado ataúdes de calidad superior.
Los defensores coinciden en que la fase de instrucción está «trufada de ilegalidades» que infringen derechos fundamentales de los acusados. Argumentan que el proceso inicial, que se remonta a 2017, es totalmente ajeno al presente. El gerente de Parque El Salvador, Ignacio Morchón Vaquero, denunció al principal testigo de los hechos, el extrabajador Justo Martín Garrido, ya fallecido, citando un intento de extorsión por parte de este, quien amenazó con hacer público el supuesto escándalo que se analizará durante el juicio.
En esa investigación, que culminó en una sentencia condenatoria de Justo Martín por conformidad, las defensas sostienen que la Policía Judicial registró el domicilio del denunciado y obtuvo numerosa documentación, incluyendo memorias USB, cuadernos y fotografías, que, según ellas, «hurtaron» al Juzgado de Instrucción 6. Este juzgado investigaba exclusivamente el delito de extorsión, así como a la Fiscalía vallisoletana y la mercantil Parque El Salvador, que figuraba como acusación particular.
El representante de Ignacio Morchón ha criticado que la policía actuó en el domicilio de Justo con conocimiento de lo que podría encontrar allí, argumentando que no fue un hallazgo casual. Sostiene que mantenían en secreto lo intervenido, sin que entre 2017 y 2026 haya alguna resolución judicial en el Juzgado de Instrucción 6 que validara dichas actuaciones, lo que llevó a la confusión de su cliente, quien creía ser testigo de un caso de extorsión sin saber que también era objeto de investigación.
El abogado, en declaraciones recogidas en el juicio, ha indicado que esto representa una vulneración del derecho a no autoincriminarse y ha denunciado la nulidad del secreto de la causa. También ha cuestionado la legalidad del secreto bancario, ya que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevó a cabo entre 2001 y 2018 la inspección de las cuentas y movimientos de muchos de los investigados, lo que resulta en un «ejercicio prospectivo» que es incompatible con el derecho a la intimidad.
Rechazada la Declaración de Cerca de 6.000 Perjudicados
Durante la primera sesión del juicio, la acusación pública, respaldada por las acusaciones particulares, solicitó, sin éxito, que el tribunal citara a cerca de 6.000 perjudicados. Se pretendía que estos pudieran contradecir el testimonio de los acusados, quienes negaron haber invitado a los familiares de los fallecidos a abandonar la sala durante las incineraciones, facilitando así el cambio de ataúdes por otros más baratos.
El magistrado presidente del tribunal consideró «inviable» la petición del fiscal, al señalar que esta podría colapsar no solo el proceso, sino también a la Audiencia de Valladolid. Agregó que el número de testigos ya fijado, tres por cada año investigado, es más que suficiente. No obstante, la Audiencia Provincial aceptó la inclusión de seis testigos que ya habían declarado en fase de instrucción para certificar la imposibilidad de presenciar la cremación de sus seres queridos.
El tribunal también aprobó la petición de las defensas de eximir a la mayoría de los acusados de comparecer todos los días del proceso. Esta decisión se tomó tras escuchar los problemas de salud de parte de los acusados y porque su comparecencia durante las treinta y cinco sesiones del juicio haría impracticable la continuidad del servicio público del grupo funerario investigado.
Esta medida ha sido cuestionada por el fiscal y las acusaciones particulares, que consideran que la dispensa representa un «fraude de ley». El fiscal argumenta que, si se asume esa petición, «el noventa y nueve por ciento de los juicios en este país se celebrarían sin acusados». Los acusados solo podrán ausentarse de sesiones no imprescindibles, salvo las programadas para el inicio de las testificales el próximo 9 de marzo, así como en las declaraciones y al momento de pronunciar sus últimas palabras.
Además, la vista ha permitido que las dos acusaciones particulares obtuvieran el visto bueno para que familiares de tres testigos ya fallecidos puedan comparecer en el proceso, en aplicación del principio de sucesión procesal.
El juicio se prolongará hasta junio, y los acusados enfrentan una posible condena global de hasta 200 años de prisión, con penas de hasta veinte años para los principales inculpados y dos años para otros dos, junto a multas que podrían alcanzar los 12.000.000,00 euros.
