El abogado penalista José Antonio Sires, del bufete ‘Sires Abogados’, presentará este miércoles a las 12:30 horas, en los juzgados de Instrucción de El Prado de Sevilla, una denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por presuntos delitos que derivaron en la muerte de un hombre de 86 años, víctima de un cáncer de mama del que «no fue tratado con la diligencia debida por la sanidad pública andaluza, que llegó a perder pruebas clave para el seguimiento de la enfermedad».
El paciente, natural de Garrucha (Almería), había sido diagnosticado en 2005 de un carcinoma de mama izquierdo, el cual fue tratado quirúrgicamente en Madrid mediante mastectomía y vaciamiento axilar. El tumor era de tipo hormonodependiente, común en los casos de cáncer de mama masculino.
Tras su jubilación en 2011, se trasladó definitivamente a Garrucha y quedó adscrito al Servicio Andaluz de Salud. Allí fue atendido por su médico de cabecera solo por patologías menores, sin realizar seguimiento oncológico ni pruebas de control a pesar de sus antecedentes.
En octubre de 2024, fue ingresado en el Hospital Comarcal de Huércal-Overa por un cuadro de malestar general y cistitis persistente. Durante su ingreso, se detectó un derrame pleural masivo derecho, y se argumenta que la asistencia médica estuvo marcada por graves omisiones, ya que no se realizó un diagnóstico diferencial adecuado a pesar de sus claros antecedentes oncológicos; además, no se solicitó valoración por Oncología ni un comité multidisciplinar, incumpliendo así los protocolos asistenciales.
Según el bufete, se descartó erróneamente una reaparición del cáncer de mama, atribuyendo el estado del paciente a un presunto cáncer de pulmón no confirmado. Esto privó al paciente de la posibilidad de recibir tratamiento hormonal paliativo, que podría haber ralentizado la progresión metastásica y prolongado su supervivencia. Cabe destacar que incluso se extravió la muestra de líquido pleural que le fue extraída, lo que impidió confirmar el diagnóstico metastásico.
Finalmente, el paciente falleció el 25 de julio de 2025. Su familia ha decidido iniciar un proceso legal contra la Junta de Andalucía, a la que considera responsable por el mal seguimiento de su enfermedad. A pesar de que el paciente no estaba incluido en el programa de cribado de cáncer de mama debido a su edad, el Servicio Andaluz de Salud tenía la obligación de atenderlo de por vida dada su historia clínica desde 2005.
Para José Antonio Sires, estos hechos podrían implicar un posible delito de homicidio imprudente por omisión según el artículo 142 del Código Penal, ya que la muerte del paciente deriva de la omisión de un deber y existe causalidad entre esta omisión y el fallecimiento. Además, se plantea una omisión del deber de prestar servicios sanitarios según el artículo 196, dado que quien tenía la obligación legal de proveer atención no lo hizo a sabiendas del riesgo grave para la vida del paciente, así como un delito de dejación de funciones del servicio público según el artículo 409, por la falta de supervisión y organización de la atención sanitaria.
