La Guardia Civil ha detenido a siete personas, seis hombres y una mujer, de entre 28 y 50 años, que conformaban una red criminal dedicada a la explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja. Se han localizado al menos 45 personas, de las cuales tres son menores de edad, que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y, en su mayoría, vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación e incluso encerradas con candados.
Resultados de la operación ‘Landwirt’
El portavoz del Instituto Armado, Miguel Ángel Sáez, ha informado este miércoles sobre los resultados de la operación ‘Landwirt’, desarrollada en el marco del Plan de Actuación contra la Trata de Seres Humanos y la Explotación Laboral. En la comparecencia, Sáez estuvo acompañado por la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, y el coronel jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure.
Como ha detallado Sáez, la mayoría de las víctimas vivían en condiciones infrahumanas, en habitaciones sin ventilación ni higiene, y carecían de contrato laboral, trabajando jornadas enteras «con la promesa irreal de legalizar su situación irregular».
A los detenidos se les considera presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, vulneración de los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad, a quienes captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas.
Incautaciones y arrestos
Se han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales donde han sido detenidos los autores. En la operación han sido incautados 22.000 euros en efectivo, 2.500 euros en joyas, abundante documentación para su estudio y dos vehículos. Además, se han bloqueado seis cuentas bancarias y se ha suspendido temporalmente la actividad de una empresa. Los detenidos se encuentran en libertad a la espera de juicio.
El portavoz de la Guardia Civil en La Rioja también explicó que, en el registro de una de las viviendas, encontraron a 15 personas, algunas de ellas en situación irregular en España. En una de las estancias, cerradas con un candado por fuera, hallaron a un matrimonio en una habitación con solo un colchón y una manta en el suelo y un único punto de ventilación, una ventana de 30 a 40 centímetros.
Investigación y captación de víctimas
A principios del mes de julio, los guardias civiles de Policía Judicial en La Rioja se hicieron eco, a través de una denuncia, de la posible existencia de esta organización criminal asentada en La Rioja Baja, dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular mediante un entramado de empresas, inmuebles y fincas agrícolas.
Los datos recabados permitieron identificar a tres hombres que habían constituido una red que operaba en La Rioja y que extendía sus ramificaciones hasta otras zonas en el sur de España, donde captaban mano de obra en situación irregular.
Una vez en la región, Sáez explica que eran alojados en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad y trasladados a fincas agrícolas para ser explotados, siempre bajo la vigilancia de personas de confianza del entramado criminal.
Los trabajadores realizaban tareas agrícolas como desbroces, poda o recogida de fruta y verdura. Carecían de contrato laboral y recibían su remuneración en efectivo. En muchos casos no llegaban a cobrar por su trabajo u obtenían pagos simbólicos, «como un euro por kilo de piparra recolectado». Además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una cama.
Esta situación generaba una relación de dependencia total al ofrecerles falsas promesas de tramitar su residencia legal y regularizar su situación en el país.
Despliegue operativo
En la operación ‘Landwirt’ se desplegaron tres equipos de inspección de fincas, inmuebles y explotaciones vinculadas a los investigados. Durante estas actuaciones se detectó la presencia de al menos 45 trabajadores en situación irregular explotados por la red, muchos de los cuales huyeron campo a través al percatarse de la llegada de los guardias civiles.
Además, se comprobó la explotación de tres menores de edad, de 12, 15 y 17 años, que trabajaban en las mismas condiciones que los adultos. La investigación ha sido desarrollada por guardias civiles de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de seguridad ciudadana y el grupo cinológico especializado con perros adiestrados en la detección de dinero. Los registros sorpresivos en los inmuebles fueron ejecutados por las USECIC de La Rioja y Navarra.
