VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) – Dos interventores generales del Estado han calificado de «manifiestamente ilegal» la figura de la avocación o instrucción que en 2004 centralizó en manos del entonces viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, las competencias que hasta entonces tenían los jefes de los servicios territoriales de Industria de cada provincia para autorizar la instalación de parques eólicos en Castilla y León.
El testimonio de ambos peritos, presentado en la Audiencia de Valladolid durante el juicio iniciado en septiembre contra catorce encausados, incluidos exaltos cargos de la Junta y empresarios afines, ha señalado que se trata de perceptores de ‘mordidas’ por más de 80 millones de euros. Este juicio, que se espera se prolongue hasta el 28 de enero de 2026, ha centrado su atención en la instrucción de avocación 2/2004, que privó a los jefes de Industria de las delegaciones territoriales de la competencia para autorizar proyectos eólicos, quedando dicha responsabilidad exclusivamente en Delgado.
Los peritos han sido categóricos al afirmar que esta polémica instrucción no solo era ilegal por quitar competencias a los funcionarios, que las ejercían a partir del decreto 189/1997, sino también porque la avocación «es un acto único que debe aplicarse a cada acto administrativo, no de forma general, lo cual no es admisible, como se ha hecho con todas las solicitudes».
La entrada en vigor de esta avocación, según los peritos, originó una «incidencia real» y provocó la paralización de numerosos expedientes. Ambos han señalado que, aunque existía «complejidad» en la tramitación, la demora no debiera extenderse más de dos años, sin embargo, han indicado que en 31 de los expedientes analizados la espera superó los tres años, alcanzando hasta once en algunos casos. Uno de los interventores ha exclamado: «¡Esto no puede ser!»
Para su pericial, los dos especialistas hicieron una primera selección de 209 expedientes, de más de 2.000 existentes en ese momento, concentrándose finalmente en doce que recibieron autorización y uno que no pasó la criba; el caso de Altos del Rasero, cuya solicitud se remonta a 1999. Esta tramitación fue normal hasta 2006, momento en que contaba ya con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero fue relegada al entrar en competencia territorial con el parque de Ventosa del Ducado, cuya tramitación fue «rapidísima». «Altos del Rasero presentó alegaciones, pero fueron ignoradas», han criticado.
Además, los interventores han constatado numerosos cambios en la titularidad de las empresas que promovieron los parques y las que finalmente llevaron a cabo los proyectos. Han señalado que hubo hasta cuatro cambios en algunos casos, lo que sugiere un posible proceso de criba impuesto por Rafael Delgado y otros implicados, haciendo que los promotores iniciales cedieran ante el chantaje de ceder participación a empresarios locales seleccionados. «Se observa que estas transmisiones agilizaron los proyectos, especialmente los de Energía Global Castellana», la sociedad participada por varias filiales de Iberdrola y San Cayetano Wind, del también encausado Alberto Esgueva.
Los peritos atribuyen estos cambios en el accionariado a «motivos especulativos» y coinciden en señalar que algunos de los empresarios que accedieron al negocio eólico no tenían interés en explotar parques, sino solo en «obtener un documento administrativo» para obtener beneficios económicos de él.
Proyectos valorados en 260 millones, vendidos por 36
También ha comparecido un perito propuesto por las acusaciones particulares ejercidas por IDER y Augusta Wind, que se consideran perjudicados en la ‘trama eólica’. El informe del perito sostiene que ambos grupos empresariales se vieron obligados a vender en 2005 sus proyectos de parques eólicos por poco más de 36 millones de euros; 28,5 millones para la primera sociedad y 7 millones para la segunda, a pesar de que en conjunto las instalaciones proyectadas contaban con un valor cercano a los 260 millones.
La pericial de parte posiciona a ambos grupos como grandes perjudicados tras presuntas presiones recibidas desde el Ente Regional de la Energía (EREN), supuestamente impulsadas por Rafael Delgado, quien instó a que se desistiera de seguir apostando por el sector eólico y vendieran sus acciones—en el caso de IDER, a SINAE, y para Augusta Wind, a ACS.
Durante su exposición, el perito ratificó su informe de mayo de 2012, basado en un «modelo teórico», que cuantificó el valor de un total de siete proyectos de parques eólicos vendidos por ambos grupos empresariales, considerando su vida útil de 25 años, la ubicación, los precios utilizados para determinar ingresos por energía, lucro cesante y otros parámetros, calculando que los promotores podrían haber obtenido 260 millones en un escenario donde las negociaciones se hubiesen realizado entre partes independientes.
La jornada también contó con un momento anecdótico, cuando por error entró en la sala el jefe de la Brigada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Valladolid, esperando participar en otro juicio por un presunto caso de tráfico de drogas. El magistrado que presidía el proceso eólico le advirtió rápidamente entre las risas de los presentes: «¡Usted es policía, se ha equivocado de juicio!»
El juicio continuará este martes con la esperada pericial del inspector de Hacienda Juan Manuel Tocino.
