El juez titular de la plaza número uno del Tribunal de Instancia de Calatayud ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz, del Partido Popular (PP), por un presunto delito de prevaricación administrativa y por un delito electoral. La Audiencia Provincial de Zaragoza será el órgano competente para enjuiciar el caso.
La acusación se ejerce a través de la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, la cual sostiene que Gracia Ruiz es el «autor de un delito continuado de prevaricación administrativa, en régimen de comisión por omisión», junto con un delito electoral continuado. Esta organización ha solicitado dos años de cárcel y 15 de inhabilitación para empleo o cargo público.
No obstante, el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional del caso al entender que no se ha demostrado el delito en los hechos denunciados. En el auto, se hace referencia a que Gracia Ruiz, quien ha sido alcalde desde 1995, sabía que había personas censadas en el municipio que no residían en él. Se abstuvo de iniciar cualquier procedimiento al respecto «con el fin de favorecer sus propias expectativas como candidato en las elecciones y perjudicar a sus oponentes políticos».
Se alega que el alcalde habría mantenido durante al menos desde 2016 a estas personas sin darles de baja, lo que conllevaba a una alteración del censo electoral, un fenómeno que pudo influir en los resultados de un municipio tan pequeño como Monterde, que cuenta con solo 153 habitantes.
Además, el auto señala que José Gracia Ruiz estaba al tanto de esta situación desde mayo de 2016, cuando un concejal del PSOE advirtió sobre varias personas empadronadas «solo por la actividad cinegética». Al menos 14 de estas personas, de las cuales 12 eran españolas, votaron en las elecciones municipales de mayo de 2023, donde el alcalde fue reelegido.
La Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde ha estado en movimiento durante meses, además de los hechos por los que Gracia Ruiz se enfrentará a juicio. También denuncian «inmatriculación irregular de propiedades privadas» por parte del Ayuntamiento, un problema que supuestamente ha estado afectando a los ancianos del pueblo. Se ha informado que varios vecinos han descubierto que sus casas han sido registradas a nombre del Consistorio sin su consentimiento.
