HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) – El acusado de arrollar a varias personas en dos terrazas de Gibraleón (Huelva) el 9 de octubre de 2022, con el resultado de la muerte de un hombre de 32 años y ocho heridos de diferente consideración, ha aceptado el acuerdo de conformidad por el que se le condena a 18 años de prisión y 20 años sin posibilidad de acercarse al municipio onubense. Además, se le impone una orden de alejamiento de 200 metros de los afectados durante el mismo tiempo.
De este modo, se ha evitado celebrar el juicio con jurado que se iniciaba este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva. El acusado se enfrentaba a una petición del Ministerio Fiscal de 35 años de cárcel y hasta 150 años en el caso de la acusación particular de la familia del fallecido y de seis de los heridos, que representa el abogado José Luis Orta, que solicitaba 25 años de prisión por asesinato con alevosía, 15 años por cada uno de las ocho tentativas de asesinato y cinco años por conducción temeraria.
Según ha explicado Orta en declaraciones a los medios a la salida del juzgado, se ha alcanzado una conformidad «con una pena muy alta de 18 años de cárcel» y 20 años «de lo que antiguamente era el destierro, que ahora es un alejamiento». Por lo tanto, el acusado no podrá acercarse al pueblo y tampoco podrá aproximarse a las víctimas a 200 metros, «estén donde estén en el territorio español».
En concreto, se le condenará a 15 años por el delito de asesinato consumado y a tres años más por dos de los delitos de tentativa de asesinato, un año y medio por cada uno. «La condena es muy amplia teniendo en cuenta que un asesinato es de 15 a 20 años y que podían haber eximentes y atenuantes», ha señalado el abogado, quien se ha mostrado «satisfecho» con el acuerdo. También ha destacado que la acusación particular ha sido «muy intransigente desde el primer día» y no ha aceptado rebaja de la pena durante la negociación, por lo que «finalmente aceptaron la propuesta».
Consideraciones sobre el comportamiento del acusado
Respecto a las atenuantes, el abogado ha indicado que se acepta «el trastorno psicológico marcado por la forense», y que «el comportamiento del acusado va influenciado por el consumo de drogas». Así, explicó que desde su ingreso en prisión preventiva «se le impone una medida de deshabituación de las drogas», y que «desde el momento en que no consume drogas está mejor» porque «es una persona que ese día consumió cocaína y alcohol y se volvió violento».
En este sentido, ha remarcado que «el hecho de que no tengamos nosotros esa maldad no significa que tiene que ser una persona diferente en el sentido de que tenga problemas; simplemente tiene maldad. Y al tener maldad, comete hechos que no lo haría una persona normal. Pero eso no es ser inimputable».
Asimismo, ha apuntado que el acusado no ha pedido perdón por los hechos en ningún momento, porque «siempre se ha mantenido en que no se encuentra bien, lo cual es una excusa para un comportamiento muy criticable».
«Reconoce los hechos, y también las atenuantes, que son muy pequeñas; por lo cual se reconoce de alguna forma que no tiene problemas mentales, lo que también es un paso ganado», ha dicho, antes de añadir que al aceptar el acuerdo «nunca podrá ir a un psiquiátrico» y deberá cumplir la condena «siempre en un centro penitenciario».
El acusado llevaba 3 años y 2 meses en prisión preventiva, tiempo que le será descontado de la condena. La instrucción del procedimiento concluyó a finales de 2024, tras más de 2 años, y actualmente, el acusado se encontraba interno en prisión después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva acordara el 13 de octubre de 2022 su prisión provisional comunicada y sin fianza, prorrogada por auto de 27 de septiembre de 2024 por otros 2 años.
LOS HECHOS JUSTICIABLES
La Fiscalía señala que el acusado, supuestamente, alrededor de las 14:30 horas del 9 de octubre de 2022, conducía su vehículo por la avenida de Andalucía, a la altura de la iglesia de San Juan, cuando se percató de que en una de las terrazas «las mesas estaban llenas de gente que comían despreocupados y alegres».
Así, «sin otro motivo que el de quitar la vida a los comensales que allí se encontraban», el acusado presuntamente «encaró su vehículo hacia un rebaje del acerado» que le permitía el acceso a la terraza y gritando «os tengo que matar a todos», aceleró el coche, «embistiendo contra cuantas personas, mesas, sombrillas y mobiliario encontró a su paso, de forma tan rápida e inesperada que sus ocupantes no tuvieron la mínima oportunidad de evitar la colisión y fueron atropellados».
El coche arremetió primero contra una mesa ocupada por tres personas, de las cuales dos fueron atropelladas y quedaron tendidas en el suelo. Posteriormente, el acusado presuntamente arremetió contra una segunda mesa con cuatro personas, de las cuales tres quedaron igualmente en el suelo.
Además, el encausado continuó unos 80 metros por el acerado hasta la esquina con la calle Cristóbal Colón, donde giró 180 grados y se colocó en la carretera, nuevamente en dirección al bar. Sin embargo, «en medio del tumulto y pánico desatado», un vecino salió a su encuentro, llamando la atención con los brazos en alto. El acusado, al verlo, «dirigió el coche contra él», persiguiéndolo a gran velocidad durante varios metros hasta que esta persona se escapó entre los coches, logrando que el encausado «abandonara la zona a toda velocidad».
Posteriormente, el acusado condujo por la avenida Pío XII hasta alcanzar la avenida Palo Dulce, donde se encontraba otra terraza de bar. «Frenó bruscamente y dio marcha atrás, como si hiciera una maniobra de estacionamiento al lado de la terraza», pero al ver a los jóvenes despreocupados, les gritó «¿de qué os reís?, ¿ahora os vais a reír con razón?» y aceleró bruscamente, empotrando el coche contra la pared a dos de ellos, que fueron sorprendidos y atropellados.
Finalmente, el acusado abandonó la zona «a gran velocidad» repitiendo los gritos de «ahora os reís con razón». Como consecuencia de los hechos, falleció un joven y otras ocho personas resultaron heridas.
Por otro lado, el texto señala que el acusado reunía criterios para el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad y consumo perjudicial de cocaína, lo que afectaba sus capacidades volitivas. El día de su detención fue ingresado en la unidad de salud mental del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva de forma involuntaria, recibiendo alta el 13 de octubre de 2022 con diagnóstico de «psicosis paranoides asociado a dependencia activa de cocaína».
Por último, la acusación particular destacó «la conducta violenta del acusado», con antecedentes policiales por «once denuncias entre los años 2009 y 2021», y que el Informe de la Policía Judicial «lo califica de persona conflictiva con clara intención de atentar contra la vida de las personas».
