El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido reclamar, vía judicial, la apertura de un concurso de acreedores para la empresa Ride On, concesionaria del servicio de bicicletas eléctricas de la ciudad. Esta decisión se toma tras la confirmación del cierre unilateral del servicio por parte de la compañía el pasado viernes.
La reclamación ya ha sido comunicada formalmente a Ride On y se llevará a cabo en los próximos días con la presentación de la solicitud ante el tribunal mercantil. La finalidad del Ayuntamiento es «restaurar el servicio y garantizar su continuidad durante el periodo de transición hasta la entrada de la nueva adjudicataria que se espera comience en septiembre y esté a pleno rendimiento en diciembre».
En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, negó que el Ayuntamiento deba dinero a la empresa y afirmó que, de hecho, es Ride On la que tiene una deuda de 70.000 euros con el Consistorio.
Se concedió a la empresa un anticipo de 200.000 euros, que debía ser descontado de la prestación del servicio. «Aunque se dice que es el Ayuntamiento el que ha dejado de abonar,» el Consistorio estaba realizando las liquidaciones correspondientes «contra los 200.000» euros aportados como anticipo. «La empresa ni siquiera ha sido capaz de devolver esos 200.000 euros y, a día de hoy, habiendo hecho las liquidaciones del año 2025, está con una deuda hacia el Ayuntamiento de 70.000 euros», subrayó.
La prioridad del Ayuntamiento era alcanzar un acuerdo con la concesionaria para una transición ordenada. Sin embargo, el «cierre unilateral» por parte de Ride On ha conducido a una situación judicial que ya se había previsto como una posibilidad. «Nuestro deseo principal era esa transición ordenada. No pudiendo ser así, la Administración pública asumirá toda la responsabilidad que le corresponde, hará valer todas sus prerrogativas administrativas y resolverá de la mejor manera posible», afirmó Abaurrea.
Concurso de Acreedores
A partir de ahora, el Ayuntamiento, como uno de los acreedores de la empresa, emprenderá la reclamación del correspondiente concurso. En esta situación, el Consistorio buscará mantener el servicio negociando directamente con el administrador concursal.
Es posible que el servicio se interrumpa durante un tiempo, pero el Ayuntamiento ya ha diseñado un sistema para garantizar que nadie que tenga dinero invertido en abonos o wallets lo pierda. Se está trabajando en un trámite electrónico específico donde se ofrecerá a los usuarios la opción de ceder la deuda a favor del Ayuntamiento (quien posteriormente la reclamaría a la empresa) a cambio del reintegro del dinero. El Consistorio estima que la cifra total de estos fondos podría rondar los 250.000 euros.
Además, el Ayuntamiento ha llevado a cabo gestiones para asegurar que Pamplona no pierda una subvención de 1,03 millones en fondos Next Generation UE recibida en 2023 para el sistema de bicicletas eléctricas.
Reuniones y Contactos antes del «Cierre Unilateral»
Desde que Ride On emitiera un comunicado público anunciando el cierre «unilateral» del sistema el 6 de febrero y su ejecución una semana después, se sucedieron tres reuniones entre las partes y «decenas de comunicaciones».
En la primera reunión, celebrada el martes, se presentó a Ride On la propuesta del Ayuntamiento para una «transición ordenada». Esta propuesta se basaba legalmente en mantener la continuidad del servicio. El Ayuntamiento ofreció un «pago mensual a justificar por importe de 16.000 euros, asumiendo además los pagos directos de los principales gastos del servicio». Se propuso realizar mensualmente la justificación de los gastos correspondientes al mes anterior y posteriormente abonar el importe restante.
Como contraprestación, el Ayuntamiento planteó dos requisitos: que Ride On se comprometiese a mantener el servicio «en condiciones mínimas de calidad» y que se autorizara a una persona designada por el Ayuntamiento a acceder a las cuentas de la empresa «para verificar en cualquier momento su estado y el destino de los gastos». En relación al stock (400 bicicletas y 42 estaciones), se proponía que una auditoría independiente determinara su estado y valor reales, ante las serias dudas expresadas por los servicios municipales sobre su viabilidad.
En las segundas y terceras reuniones, celebradas el martes y el jueves, se presentó una contraoferta en la que «aceptaban algunas condiciones (el adelanto de efectivo mensual y dar acceso a las cuentas), pero no otras». Los principales obstáculos se localizaron en los requisitos para la verificación del stock y en el orden de amortización de la deuda pendiente.
Respecto al stock, la empresa exigía que se le abonaran 600.000 euros de manera inmediata sin verificación independiente. En cuanto a la deuda, Ride On insistía en incluir facturas no contrastadas de empresas de su propio grupo para ser reconocidas por el Ayuntamiento. Esto suponía una diferencia de criterios de hasta 800.000 euros, donde el Ayuntamiento reconocería hasta 400.000 euros y la empresa reclamaba hasta 1,2 millones.
El Nuevo Servicio: 10 Años y Carácter Comarcal
Paralelamente a la puesta en marcha de la vía judicial, el Ayuntamiento intensifica su labor para cerrar la licitación de un nuevo servicio, que será de «pleno control municipal». Este proceso se lanzará a principios de marzo, se resolverá antes de las fiestas de San Fermín, podría comenzar a implementarse en septiembre y deberá estar plenamente operativa en diciembre.
Se trabaja en un contrato para la prestación de un servicio público por un total de 10 años. La futura operadora deberá mantener la actual dimensión del servicio en Pamplona y demostrar su capacidad para «asumir el incremento de elementos que requieran otros ayuntamientos de la Comarca para ampliar el sistema».
