El Ayuntamiento de Valladolid ha decidido recurrir en casación la sentencia que anula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Asimismo, se suspenderá el régimen sancionador en el tiempo «más corto posible», iniciando los procedimientos técnicos y jurídicos necesarios.
El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha resaltado que el motivo de la anulación de la ZBE es «puramente formal». El Tribunal considera que en el proceso de tramitación de la ordenanza, tanto el proyecto de la ZBE como la propia ordenanza fueron aprobados conjuntamente, lo que no respetó el procedimiento formal correspondiente.
A pesar de esta decisión, Gutiérrez Alberca sostiene que el Ayuntamiento ha cumplido con los requisitos necesarios marcados en el Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura (Pimussva). Este plan incluía la «zonificación» de bajas emisiones, el desarrollo del proyecto y la aprobación de la ordenanza, aunque todas estas acciones se realizaron en el mismo punto del orden del día durante el pleno del 28 de octubre de 2024.
Suspensión del régimen sancionador
El concejal ha informado que las sanciones impuestas hasta la fecha son firmes y no habrá acción alguna por parte del Ayuntamiento en relación con estas, dado que la ordenanza estaba vigente. Sin embargo, se ha convocado un Grupo de Trabajo de Seguimiento de la ZBE, donde intervendrán el PP y Vox, para abordar la posibilidad de suspender el régimen sancionador.
El Grupo Popular está preparando una moción para el próximo pleno municipal, programado para el 30 de marzo, en la que se planteará la «inejecutividad» de los procedimientos sancionadores de aquí en adelante. Gutiérrez Alberca ha señalado que es esencial iniciar los procedimientos necesarios para evitar la imposición de más sanciones en el futuro, considerando que es un enfoque de «prudencia».
Derecho a recurrir
En relación a las multas que pudieran ser impuestas en el entretiempo de la sentencia y la suspensión del régimen sancionador, el concejal remarcó que «siempre cabe el derecho a recurrir». La posibilidad de que las sanciones sean suspendidas dependerá de las decisiones que tome el pleno del Ayuntamiento y de las recomendaciones jurídicas que se reciban.
A lo largo de este período, Gutiérrez Alberca ha exhortado a los ciudadanos a continuar cumpliendo con la ZBE, ya que actualmente se está desempeñando a un «alto nivel» en cumplimiento. Ha advertido que sería «absurdo» pensar que el recurso pudiera tener más posibilidades de prosperar si se asiste a un proceso judicial con una ordenanza cuestionada en curso.
La temática de la calidad del aire también se ha abordado, dando fe de que Valladolid cumple con los índices de calidad solicitados por la normativa europea. La ZBE de Valladolid entró en vigor en julio de 2025, y entre diciembre de ese año y el 9 de febrero, el Ayuntamiento tramitaría 1.828 expedientes y habría recaudado 682.000 euros por concepto de sanciones.
