ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) – La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha declarado que el Ayuntamiento está «desbordado» tras la llegada de cientos de personas debido a la entrada en vigor del real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, la cual califica como una «regulación hecha a granel que no busca dignificar la vida de las personas».
Chueca ha explicado que desde las cuatro de la mañana hay largas filas con «cientos y cientos» de inmigrantes en el Ayuntamiento, una situación que se repitió tras la publicación del decreto en el BOE, extendiéndose a otros municipios de España. Indicó que el Ayuntamiento se vio «sorprendido» por la cantidad de personas que acudieron a buscar papeles, especialmente un certificado de vulnerabilidad que se menciona en el decreto, del cual el Ayuntamiento no tiene claridad sobre su aplicación y no ha recibido información del Gobierno de España.
Tapar la Corrupción
«Que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas como si fuesen mercancías una vez más», ha afirmado Chueca. Reiteró que esta regulación es simplemente un intento de «tapar sus casos de corrupción» y que genera expectativas y un efecto llamada para que inmigrantes ilegales de Europa acudan a España, lo que colapsa los ayuntamientos y los servicios públicos.
Vulnerabilidad
En declaraciones a los medios, Chueca ha criticado la falta de diálogo y comunicación del Gobierno de España hacia los ayuntamientos, donde se concentran las demandas para obtener el certificado de empadronamiento necesario para el procedimiento de regularización. «Que nos digan cómo quiere gestionarlo el que ha creado esta situación», instó la alcaldesa al comentar sobre su intento de obtener información de la Delegación del Gobierno en Aragón, la cual les respondió que no era un asunto municipal.
Chueca cree que esta falta de información es una «descortesía institucional» y reflexionó sobre la colaboración del Gobierno en otros eventos, como las fiestas del Pilar, donde se comparte información para que los servicios funcionen adecuadamente. Sin embargo, en este caso, el Gobierno de España emitió un decreto sin comunicación previa a los ayuntamientos.
«Estamos a la espera de que el Gobierno de España ponga más recursos, porque son sus competencias, las de fronteras y de inmigración», puntualizó Chueca, quien también enfatizó que no pueden actuar si no se les informa adecuadamente sobre las directrices que se están estableciendo.
Mala Gestión
La alcaldesa considera que el real decreto, en lugar de ayudar a personas vulnerables, está creando una mala situación para aquellos que buscan ayuda, además de sobrecargar los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. «El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo y ha demostrado ser incapaz de gestionar», agregó, recordando incidentes pasados como el colapso de los trenes de alta velocidad y apagones.
Chueca criticó que esta regulación no atiende a una necesidad laboral en España, sino que parece estar relacionada con la necesidad política de Pedro Sánchez por ocultar casos de corrupción y mantenerse en el poder. Afirmó que esta situación es preocupante para los ayuntamientos que se sienten desbordados sin saber cómo actuar.
El Real Decreto
La medida se dirige a todos los solicitantes de protección internacional que presentaron su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, ya sea denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se aplicará a quienes hayan estado en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de un máximo de tres meses, pero con la mera admisión de la solicitud, se espera que este proceso no exceda los 15 días, permitiendo a las personas comenzar a trabajar desde el primer día.
La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, con una vigencia inicial de un año, permitiendo la incorporación posterior a las formas ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso permitirá también regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España, quienes tendrán una vigencia de cinco años.
