MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) – El juez que investiga el ‘caso Leire Díez’ tiene previsto realizar este miércoles las primeras declaraciones de la causa, comenzando con los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, quienes comparecerán como testigos tras denunciar un posible intento de soborno por parte de la exmilitante socialista.
Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha llamado a Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado en el ‘caso Koldo’, para que testifique si Díez le habría ofrecido protección y favores a cambio de información sobre el Instituto Armado.
Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el ‘caso Villarejo’, y Grinda, fiscal del ‘caso 3%’, presentaron denuncias sobre estos hechos ante la Fiscalía, que solicitó al juez que las incorporara al caso. Aunque el instructor se opuso inicialmente, posteriormente aceptó dicha petición.
El fiscal Stampa explica en su denuncia, presentada ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que mantuvo una reunión el pasado 7 de mayo con Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en este procedimiento. Durante esa reunión, ambos le dieron a entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «había dado la orden de limpiar, sin límite», al conocerse la investigación judicial abierta a su esposa, Begoña Gómez.
Stampa puntualiza que, al preguntarle a Díez quién era, ella le contestó que era «la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo eso». Al preguntarle a qué se refería, la exmilitante socialista le habría respondido que se trataba de «las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».
Detalles del Testimonio y de la Denuncia
En su declaración, Stampa afirma que no le propusieron «ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa», aunque sí le preguntaron en varias ocasiones, de forma insistente y velada, sobre irregularidades que pudiera conocer de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda, y el magistrado Manuel García Castellón.
Sobre esa misma línea, el fiscal anticorrupción Grinda relató que un periodista le ofreció un «soborno» que estaba respaldado por «las más altas instituciones o personas del Estado», dando el nombre de «Leire», para que archivara varias causas y proporcionara información sobre comportamientos delictivos de su superior, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y la neutralización de una demanda en su contra.
Reuniones y Propuestas Irregulares
Grinda, que presentó la denuncia al propio Luzón, refiere que se reunió con su «amigo» Pere Rusiñol, también investigado, el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid. Rusiñol le comentó que «tenía una propuesta de alguien» y le entregó dos folios. Entre las peticiones, se le solicitaba archivar varias causas «reconociendo o diciendo que han sido fruto de actuaciones abusivas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
El comandante Villalba, por su parte, ha sido citado por el juez Arturo Zamarriego después de que Hazte Oír denunciara que Díez se reunió con él en marzo de este año «para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y desacreditar causas judiciales que afectan al partido socialista».
Los tres investigados –Díez, Pérez Dolset y Rusiñol– están citados a declarar el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en una causa que se inició tras la divulgación de audios en los que se escucha a la exmilitante del PSOE ofrecer favores en contrapartida de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
El Ministerio Público, junto con el juez instructor, considera que Díez «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» junto a Pérez Dolset y Rusiñol para recabar información destinada a «anular o malbaratar» las investigaciones de la Benemérita y Anticorrupción en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
