MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) – El conflicto abierto entre la Junta de Extremadura y empresas de transporte ha dejado por cuarto día a cerca de 5.000 alumnos extremeños sin poder acudir a sus centros educativos en el autobús escolar. En total, son 223 rutas de transporte escolar las que están sin adjudicar y, por tanto, no están prestando el servicio desde el inicio de curso, el pasado jueves. Esta situación afecta a aproximadamente 5.000 alumnos de la región, principalmente de zonas rurales y centros de educación especial, según datos aportados por los sindicatos.
La situación generada en muchas localidades de la región ha llevado a que sean los propios padres quienes estén llevando a sus hijos en sus coches. Muchos de ellos ya se están organizando para turnarse por días y trasladar a varios alumnos en un mismo vehículo.
Además, muchos de estos padres recibieron este pasado lunes una comunicación a través de la plataforma Rayuela, informándoles sobre la puesta en marcha de la «enseñanza híbrida», tanto de forma presencial como online, tras recibir una instrucción de la Consejería de Educación hasta que se resuelva el problema con el transporte escolar.
Negociaciones sin acuerdo
De momento, las negociaciones que se han mantenido en los últimos días entre la Junta de Extremadura y las empresas denunciadas por el Ejecutivo regional la pasada semana no han dado sus frutos. La última reunión, celebrada este pasado lunes, concluyó sin acuerdo. Tras esta falta de entendimiento, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, lamentó la «nula voluntad» de acuerdo de estas empresas, que a su juicio están «bloqueando» la situación con unas exigencias que el Ejecutivo regional está dispuesto a considerar, siempre que se respete la ley.
Vaquera explicó que «todo lo que legalmente se permite se han comprometido a aceptarlo, pero lo que no puede hacer ningún gobierno es aceptar compromisos contrarios a la ley».
La titular de Educación subrayó que la Junta ha utilizado «todas las vías posibles, administrativas y judiciales, para garantizar la prestación de este servicio esencial» como es el transporte escolar. Ha avanzado que estas empresas se enfrentan a sanciones que aún están por determinar.
Asimismo, hizo un llamado a las empresas, particularmente a aquellas que sí quieren firmar el acuerdo, para que «empaticen con el malestar de las familias» y que sigan prestando un servicio «fundamental para el medio rural». Vaquera enfatizó que «no es un pulso con la administración porque afecta a derechos fundamentales» como es la educación.
Finalmente, recordó que este mismo martes se aprobará en el Consejo de Gobierno una ayuda económica de 0,26 euros por kilómetro para cada alumno afectado, a fin de «paliar un poco la situación económica que tienen que soportar».
