SEVILLA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) – El Defensor del Pueblo Andaluz ha advertido sobre la «gran disparidad» en la implantación de contadores con sistemas de telelectura de consumo de agua en las grandes capitales de provincia de Andalucía. Esta situación se manifiesta con cifras que alcanzan apenas el 3% en el caso de Granada y el 15% en Huelva.
Además, el Defensor destaca la «excesiva dependencia de programas de ayudas económicas» por parte de las suministradoras, lo cual afecta la «mayor implantación de la digitalización en los contadores domiciliarios de agua», en contraste con la utilización mayoritaria de sistemas digitales para el control de la red de abastecimiento a través de sectorización y telecontrol.
Esta información se ha extraído del cierre de una queja de oficio iniciada en enero de 2024, relacionada con «quejas» recibidas sobre «una elevada facturación de agua» debida a consumos no advertidos en caso de averías en las instalaciones interiores. La «intención» del Defensor es que las suministradoras «asuman un papel proactivo» en la advertencia de posibles fugas, buscando su corrección inmediata y reduciendo los plazos de toma de lecturas para evitar la pérdida de agua.
Tras recabar información, el Defensor concluye que «la implantación de sistemas digitales de control del consumo de agua urbana resulta muy desigual en el territorio andaluz». Existen algunas capitales de provincia y entidades mancomunadas que presentan una mayor implantación de sistemas digitales en los contadores domiciliarios, alcanzando porcentajes en torno al 70%.
Sin embargo, aclara que dentro de estas capitales, hay gran disparidad en la implantación: algunas solo cuentan con un 3% (Granada) o un 15% (Huelva) de contadores con sistemas de telelectura dentro del total de contadores existentes. Estas entidades tienen previsiones de desarrollo «inferiores al 10% o al 30%», muy por debajo de los datos de otras capitales con un alto grado de implantación.
Asimismo, se observa que muchas entidades tienen un grado de instalación de contadores digitales muy limitado, con porcentajes que oscilan entre apenas un 1% hasta un 35% del total de su parque de contadores. En relación a las inversiones necesarias para mejorar el control del agua consumida en entornos urbanos, el Defensor señala la «excesiva dependencia» de las ayudas de la Administración.
Algunas entidades han reconocido que su situación económica-financiera no les permite realizar inversiones en la actualización de contadores hacia modelos de telegestión, que tendrían la información disponible para los abonados y que incluirían sistemas de alertas para una reacción inmediata ante consumos excesivos de agua debidos a averías interiores. Por ello, consideran necesaria la ampliación de convocatorias públicas de subvenciones.
El Defensor también evalúa la Ley de Economía Circular de Andalucía, sobre la que ha surgido un debate respecto a la interpretación del plazo concedido para cumplir con la obligación de implantar sistemas digitales de gestión de los recursos hídricos y las infraestructuras hidráulicas.
Se contempla que algunas entidades suministradoras puedan argumentar que la ley no exige una digitalización del 100% del parque de contadores en la actualidad. Estas justificaciones afirman que una interpretación de este tipo implicaría un esfuerzo inversor desmedido que impactaría en la tarifa de explotación, la cual se cobraría posteriormente a los usuarios a través de su amortización.
