La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un ambicioso paquete de medidas anticorrupción durante una rueda de prensa celebrada el 17 de febrero de 2026 en Madrid. Este conjunto de iniciativas busca reforzar las condenas a empresas que se vean envueltas en casos de corrupción y mejorar los controles sobre los fondos que reciben los partidos políticos.
Estas medidas fueron anunciadas previamente por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la crisis provocada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, en una trama de corrupción.
Montero detalló el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye 84 medidas que afectan a 18 textos legislativos y que «dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción», según sus propias palabras. Entre las propuestas, se establece que el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración será público y, además, se incrementará la pena máxima de inhabilitación de 15 a 20 años, periodo en el cual tampoco podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales.
Los partidos deberán publicar las donaciones a partir de 2.500 euros
El control y la transparencia en las donaciones a partidos políticos y fundaciones se endurecerán, reduciendo el umbral para la publicación de estos fondos de 25.000 a 2.500 euros. Asimismo, los partidos estarán obligados a realizar auditorías de sus cuentas de manera externa e independiente; el incumplimiento de esta obligación será considerado una infracción «grave o muy grave», con multas que podrían ascender al doble del importe de la donación no publicada.
Entre las medidas aprobadas también se incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, la cual integrará diversas oficinas actualmente dispersas, como la Oficina de Conflictos de Intereses y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Esta nueva agencia será responsable de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en España.
Además, se aumentará el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años, lo cual permitirá más tiempo para investigar delitos complejos y evitar que estos se salden con la prescripción y, por ende, impunidad para los corruptos.
Recuperación de activos: la figura del ‘decomiso sin condena’
El Gobierno también busca fortalecer el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, permitiendo el embargo de bienes desde el inicio de las investigaciones. Se incorporarán figuras como el ‘decomiso sin condena’ y el decomiso de riqueza no justificada, todo ello con plenas garantías judiciales, en cumplimiento con la normativa europea sobre recuperación de activos.
Asimismo, para mejorar la detección de prácticas corruptas, se fomentará el uso compartido de información mediante la conexión entre bases de datos y se ampliará el uso de la herramienta Minerva para la detección automática de conflictos de intereses. También se implementarán «herramientas de análisis avanzado y de inteligencia artificial» para optimizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.
Consenso en torno a la nueva Agencia Independiente
La ministra Montero expresó su confianza en contar con el apoyo necesario para aprobar estas medidas, especialmente con respecto a la nueva Agencia Independiente de Integridad Pública. Se espera que este organismo pueda materializarse antes del final de la legislatura en 2027. Según Montero, existe un consenso entre las formaciones con representación parlamentaria, lo cual fue confirmado en una serie de contactos realizados por el Gobierno con diferentes grupos políticos sobre las medidas anticorrupción.
El Gobierno confía en poder presentar nuevamente estas medidas en el Consejo de Ministros en el primer trimestre del año, «antes de las vacaciones» de Semana Santa, para iniciar la tramitación parlamentaria de inmediato.
