PAMPLONA, 17 de enero. (EUROPA PRESS) – El equipo directivo dimisionario del Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) ha manifestado que su renuncia representa una «quiebra del modelo de atención a la diversidad» y una «alteración del marco competencial», permitiendo así «la entrada de personal externo» en los centros educativos y que una entidad privada influya en decisiones estratégicas que normalmente corresponden al sistema público.
A través de un comunicado, el antiguo equipo directivo ha dado respuesta a las declaraciones realizadas el pasado viernes por el consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien aseguró que «la puerta de una hipotética privatización» de la atención a la diversidad «está cerrada». Además, enfatizó que «desde febrero de 2025, cuando se firmó el convenio, nadie ajeno al sistema, de la Fundación Alegría, ha sustituido a profesional alguno».
Para el equipo directivo dimitido, «el eje del debate no debe situarse en declaraciones generales ni en datos globales sobre el funcionamiento del sistema educativo», sino «en el análisis concreto de este convenio específico: cómo articula la intervención educativa y qué garantías reales ofrece para preservar la coherencia del sistema, la autonomía de los centros y la dirección pública de la respuesta educativa».
Críticas a la Comisión Técnica
Consideran que «no ha sido abordado en profundidad» el «diseño y alcance» de la Comisión Técnica prevista en el convenio. «El propio texto establece una comisión paritaria, integrada por tres representantes del Departamento de Educación y tres de la Fundación Alegría, con una presidencia rotatoria entre ambas partes que conlleva voto de calidad», explican. Este diseño plantea un «problema relevante» dado que no se trata de una comisión meramente consultiva, sino de «un órgano con capacidad de propuesta, definición de criterios y seguimiento de actuaciones que inciden directamente en la atención educativa».
«En los períodos en los que la presidencia recaiga en la Fundación, el voto de calidad permite que una entidad privada condicione decisiones estratégicas en ámbitos que corresponden al sistema público», advierten. Señalan que las funciones atribuidas a esta Comisión incluyen «la elaboración de líneas de actuación y criterios de atención educativa del Programa de Atención Educativa del CREENA, así como el seguimiento del funcionamiento de los profesionales que lo integran».
Al respecto, han resaltado que esto representa «una alteración del marco competencial», al otorgar a un órgano paritario con participación privada funciones que afectan a la organización técnica y a la toma de decisiones propias de un servicio público. «Esto es lo que está firmado y en vigor», han subrayado.
Preocupaciones sobre la intervención directa
Asimismo, han agregado que «la entrada de personal externo en las aulas y dependencias de los centros educativos» supondría una quiebra del modelo de atención a la diversidad desarrollado en Navarra, el cual está basado en la centralidad del centro educativo y en la responsabilidad del profesorado, junto al papel complementario de los servicios públicos de apoyo. «La intervención directa de personal ajeno al sistema, aunque se defina como temporal, condiciona la planificación educativa, altera la dinámica de aula y afecta directamente a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros», han afirmado.
Por otro lado, han replicado a Gimeno que «el hecho de que hasta la fecha no se haya constituido la Comisión Técnica ni se haya producido la entrada de personal de la Fundación en los centros educativos no obedece a una inercia administrativa ni a una decisión del Departamento, sino a una posición técnica expresa mantenida desde la dirección de CREENA». En dos ocasiones -una con la anterior directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, y otra con el actual director del Servicio- el director de CREENA expresó que no podía convocarse dicha Comisión hasta que no se revisara el contenido del convenio, debido a que su redacción vigente planteaba problemas técnicos de fondo.
«Esta negativa se sustentó exclusivamente en la responsabilidad profesional de no activar un marco que, tal y como estaba formulado, comprometía la coherencia del modelo de atención a la diversidad y la autonomía de los centros educativos», han destacado.
Colaboración con entidades externas
En cuanto a los datos utilizados en el análisis técnico, han mencionado que los datos relativos a las solicitudes de colaboración realizadas a CREENA y al análisis del alumnado con Trastorno del Espectro Autista sí fueron trasladados al Departamento de Educación, concretamente al director del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, el día 9 de diciembre, en el marco del trabajo técnico desarrollado. «Por tanto, no es correcto afirmar que dichos datos no hubieran sido compartidos o conocidos por el Departamento», han enfatizado.
El equipo dimisionario del CREENA ha afirmado que «creemos firmemente en la colaboración con las asociaciones y fundaciones que trabajan en el ámbito de la diversidad», considerando esta colaboración «una oportunidad valiosa para avanzar en formación, investigación, intercambio de experiencias y mejora de prácticas educativas». Sin embargo, han defendido que esta cooperación debe articularse desde marcos técnicos claros, orientados al asesoramiento, la coordinación y el trabajo en red, y no desde la intervención directa en las aulas ni desde órganos con capacidad decisoria sobre funciones públicas.
«Este es el núcleo del debate que consideramos imprescindible abordar: cómo garantizar que cualquier colaboración externa refuerce el sistema público sin sustituirlo, sin fragmentarlo y sin menoscabar la autonomía de los centros educativos», han concluido.
