El testigo reitera que el acusado «amenazaba» a los promotores eólicos y ordenaba paralizar sus proyectos hasta que dieran entrada en su accionariado a empresarios locales.
VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) – El exdirector de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía (EREN) Ricardo González Mantero ha vuelto a situar este martes al exviceconsejero de Economía Rafael Delgado como el ‘alma mater’ de la supuesta trama eólica que investiga la Audiencia de Valladolid. Asegura que el acusado fue quien le hizo entrega de un listado con el nombre de socios locales que había que imponer a los promotores de parques eólicos, advirtiendo que para lograr su objetivo «amenazaba» con paralizar proyectos si no cedían a sus pretensiones.
Este lunes, el testigo monopolizó prácticamente el juicio durante casi cinco horas de interrogatorio por parte del Fiscal Anticorrupción. Este martes, González Mantero continuó en el estrado, respondiendo a las preguntas del resto de acusaciones y defensas, donde siguió incriminando directamente a Rafael Delgado, su «superior jerárquico», a quien obedecía desde 2005 cuando empezó a dar instrucciones para favorecer a empresarios locales en el negocio eólico.
En sus declaraciones, González Mantero recordó un encuentro que mantuvo a principios de 2005 con Delgado, quien se presentó con un «papel manuscrito» que contenía nombres de socios que debía incorporar a los proyectos de parques eólicos. «Contenía algún nombre que ni siquiera conocía, como el de Hoteles Conde Rodrigo, pero también figuraban Helios e Indal. Me obligó a copiarlo porque no me dejó conservar el papel. Me pareció raro entonces, pero al tiempo te das cuenta de que algo más había ahí», advirtió el testigo.
La avocación y las irregularidades administrativas
El exresponsable del EREN señaló que el origen de la trama investigada puede situarse en una instrucción de 2004 de la Consejería de Economía que instauró, de forma innecesaria, la figura de la avocación. Esto permitió al entonces viceconsejero autorizar parques eólicos, una competencia que desde 1987 estaba en manos de los servicios territoriales de Industria de las provincias. Se menciona una reunión en Valladolid el 30 de marzo de 2005 donde se dieron instrucciones sobre los parques que tenían que pasar a tramitación, reuniendo el rechazo del responsable de Burgos, Mariano Muñoz, quien lo dejó por escrito.
González Mantero identificó dos etapas en la actividad de Delgado: una primera «más ligera», con muchos parques avanzados, y una segunda «más activa» a partir de 2009, donde intentó alterar la planificación con imposiciones de nuevos parques, algo que carecía de sentido porque eran nuevos y no cabían en los nudos de transporte.
Como ejemplo de las maniobras para obligar a los promotores a incorporar socios locales, el testigo mencionó una reunión de marzo de 2005 en la Consejería de Economía con responsables de Iberdrola. Allí, tras la salida de Rafael Delgado, los responsables cambiaron su postura de rechazo a una total aceptación de las condiciones impuestas por el viceconsejero. También recordó un encuentro con el Grupo San Cayetano, donde se trasladó a sus dueños el acuerdo que permitió a dicha empresa local entrar en el negocio eólico a través de Energía Global Castellana, obteniendo una potencia de 500 megavatios, «con diferencia, la mayor de todas».
No era obligatorio dar entrada a socios locales
González Mantero enfatizó: «No tenía por qué darse entrada a socio local alguno. No se podía obligar desde el punto de vista administrativo, no había razón ni técnica ni administrativa. Sin embargo, si no se llegaba a un acuerdo con socios locales, los proyectos quedaban paralizados».
Entre algunas de las mercantiles perjudicadas por no plegarse a las pretensiones de Delgado, el testigo mencionó nombres como Nordex, Augusta Wind, Ider o Altos del Rasero. Esta última, con un parque de 40 megavatios, nunca recibió autorización administrativa debido a las presiones para permitir la entrada de Energía Global Castellana, participada al 60% por Iberdrola a través de Biovent, en lugar de incorporar al Grupo Eyra ACS.
En el caso de Augusta Wind, González Mantero indicó que recibió instrucciones para vender los parques Lora 1 y Lora 2, según lo establecido por Delgado. Esto resultó en un perjuicio, ya que los compradores ofrecieron 10.000 euros por megavatio, cuando el precio de mercado era, «por lo menos», de 150.000 euros el MW. En el caso de IDER, el testigo considera que es un «claro ejemplo» de paralización administrativa, ya que su proyecto no avanzó hasta que se incorporó un socio local.
Comportamientos sospechosos de un acusado
Otra supuesta prueba de que la planificación de parques estaba ‘teledirigida’ se refiere a las constantes visitas de César Hernández Chico, de Preneal S.A., a estancias administrativas para solicitar la entrada del grupo en algún parque. «Inicialmente acudía como técnico, pero luego comenzó a mostrar comportamientos que nos hicieron sospechar. Cuando le decíamos que no era posible, él respondía con un «¡ya os llamarán!».
Entre las damnificadas también se encontraba Ibervento, del empresario vallisoletano Javier Mozo, quien envió una carta en marzo de 2006 al entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, denunciando las presiones sufridas y los obstáculos en los parques que promovía en Valladolid y Burgos por tener socios extranjeros. En este caso, González Mantero recordó la frase justificada que le dio Delgado: «¡Si doy un parque a los alemanes, me cortan la cabeza!».
El exresponsable del EREN declaró que el listado que se utilizó para favorecer a empresarios locales era, cuando menos, «discutible», recordando que, siendo leonés, no aparecía ninguna mercantil leonesa en ese listado.
Finalmente, dejó claro que, en aquella época, ninguno de los funcionarios que tramitaron los parques tuvieron conciencia de que se estaban cometiendo irregularidades. «La percepción era que se había hecho un magnífico trabajo para hacer de Castilla y León la primera comunidad autónoma eólica del país con mucha diferencia», concluyó.
El juicio continuará este miércoles con una nueva jornada de testificales, centrada en el que fuera jefe de Eólicas del EREN, Tomás Ciria.
La supuesta ‘trama eólica’ tiene su origen cuando la Junta entendió que el sector de las energías renovables, y particularmente el eólico, facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable. Por ello, decidió favorecer la entrada de un importante número de empresas castellanoleonesas en las promotoras de parques eólicos.
El plan estipulaba que los promotores de parques con posibilidades de obtener autorización, ya sea por el estado avanzado de sus expedientes o por estar en áreas sin competencia con otros proyectos, debían ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización. Esta participación debía ser cercana al 40 por ciento.
Hasta que no se garantizara esta participación, no se autorizaban los parques eólicos. Para justificar esta paralización, Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación, que solo superaban aquellos parques que incluían un socio local.
A este respecto, González Mantero denunció que la competencia por evacuación era «la excusa» que utilizaba Delgado para eliminar de la planificación ciertos parques «cuando no se accedía a sus pretensiones. Sin embargo, esa competencia ya había sido resuelta y no había lugar a ningún trámite posterior», concluyó el testigo.
