PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) – El Ministerio Público ha solicitado a la Sala que considere «el desprecio total por el padecimiento de las víctimas» por parte del cabecilla de una macroestafa inmobiliaria en Mallorca.
El juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa
El fiscal anticorrupción, Juan Carrau, presentó su informe final en el juicio relacionado con la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, donde señaló que los acusados no solo ocultaron, sino que también falsearon información sobre una treintena de promociones inmobiliarias en la isla. Este juicio, que comenzó en julio y ha visto la declaración de más de un centenar de afectados, se encuentra en su fase final con la presentación de informes y el derecho a la última palabra de los acusados, previsto para este jueves.
Solicitudes de condena para los acusados
En la sesión de hoy, Carrau ha instado a que Carlos García Roldán, considerado el cabecilla de la trama, sea condenado a 15 años y nueve meses de prisión, tras una leve rebaja debido al retraso del proceso. Para su socio, Michelle Pilato, el fiscal ha solicitado una pena de diez años de cárcel, equiparando su participación en los hechos. Las solicitudes para el resto de los acusados también se han ajustado, ubicándolos en la consideración de cómplices.
Falsedades en la información inmobiliaria
El fiscal subrayó que «no solo se ocultó información, sino que se falseó información sobre la propiedad del suelo, sobre la financiación, sobre los anuncios de las promociones, sobre la posesión de las licencias y sobre el inicio de las obras». La argumentación de Carrau se apoya en jurisprudencia referida a macroestafas anteriores, como Fórum Filatélico y Nueva Rumasa, aunque esta última no ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. Además, se fundamenta en la ley de edificación y sus sucesivas reformas que regulan las obligaciones del promotor.
«Es evidente que no se cumplió la ley», reiteró el fiscal, destacando que García Roldán, apodado «el Charly», no era propietario de los solares, no informó debidamente a los clientes, carecía de licencias y violó normas relacionadas con el uso del dinero de los reservantes y la publicidad. Carrau apuntó que «cero euros» fueron destinados a la construcción de las promociones anunciadas, como confirmó la administradora concursal, advirtiendo que «no se construyó ninguna de las 32 promociones previstas».
Irregularidades y simulaciones de insolvencia
El fiscal también se refirió a «contratos criminalizados con apariencia de legalidad» y a la intención del principal procesado de «simular su insolvencia». Además, se le acusa de insolvencia punible y blanqueo de capitales, alegando que envió dinero al extranjero y que buscó financiación no para saldar deudas, sino para costear una posible fuga a Colombia.
La conexión entre los acusados
Respecto a Michelle Pilato, el fiscal mantuvo su petición de diez años de cárcel, considerando probada su colaboración con García Roldán. Carrau destacó la «estrechísima» relación entre Promociones Lujo Casa y la marca comercial de Pilato, Mallorca Investment. «Todo era lo mismo», enfatizó, señalando que muchos afectados no podían diferenciar entre ambas sociedades. «Era un negocio común, era la misma cosa. El dinero cambiaba de mano de uno a otro», sostuvo.
Desprecio por el sufrimiento de las víctimas
Al concluir su informe, el fiscal anticorrupción solicitó a la sala que también valore la falta de empatía, en particular del principal acusado. «Ante la situación insostenible de los afectados, se despachaba con correos mentirosos y falsarios que denotan un desprecio total por el sufrimiento de las víctimas», afirmó.
Durante el turno de los informes del resto de acusaciones, el abogado Tomeu Salas reiteró los argumentos del Ministerio Público, afirmando que ha quedado probado que todo fue «una construcción artificiosa para el engaño». «Hemos visto planos, imágenes de Google y publicidad en importantes emplazamientos, pero no hemos visto ni un saco de cemento. No había nada», concluyó Salas.
El impacto de la estafa
García Roldán y el resto de los procesados están acusados de haber estafado 3.300.000 euros a al menos 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes que creyeron que estaban realizando contratos de reserva para la compra de un piso en varios puntos de Mallorca. A medida que se cumplía el plazo máximo de entrega de las viviendas, los compradores realizaron reclamaciones y pidieron explicaciones, pero solo recibieron excusas.
El dinero defraudado se utilizó para pagar salarios de trabajadores ficticios y se gastó en cenas lujosas, servicios de compañía, casinos, joyas y vehículos.
