El archipiélago balear recibirá una inyección adicional de fondos para gestionar la atención de menores extranjeros no acompañados. Una vez que se aprueben los fondos, Baleares habrá recibido cerca de 7,5 millones de euros para atender estas competencias.
PALMA, 10 de octubre. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Juventud e Infancia tiene la intención de transferir 1,2 millones de euros extraordinarios a Baleares. Este monto está destinado a la atención de menores extranjeros no acompañados.
La transferencia, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, se llevará a cabo debido a la reciente declaración de emergencia migratoria en el archipiélago.
Las Islas Baleares recibirán 1,2 millones de euros de un total de 13 millones a repartir con otras regiones como Canarias, Ceuta y Melilla.
La propuesta para un nuevo crédito será presentada en la próxima comisión sectorial, programada para el viernes de esta semana. Una vez valorada la propuesta de reparto de crédito por dicha comisión, esta deberá ser validada por la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, cuya reunión se anticipa para comienzos de noviembre.
Este nuevo paquete de fondos se suma a los 22 millones de euros que el Ministerio ya ha aprobado para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares en lo que va del año.
Además, hay que tener en cuenta los 100 millones de euros vinculados al real decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, de los cuales cuatro millones corresponden a Baleares.
De esta manera, una vez que esta última transferencia reciba luz verde, el archipiélago habrá recibido un total cercano a 7,5 millones de euros por parte del Estado.
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha destacado el compromiso del Estado al poner recursos «a disposición de las administraciones autonómicas para garantizar la sostenibilidad de sus sistemas de acogida y asegurar que prevalezca el interés superior de los niños y adolescentes».
Rodríguez ha subrayado que la solución para la acogida de estas personas debe ser una «solidaridad compartida» entre todas las comunidades autónomas.
