El Gobierno español ha expresado su firme rechazo a la iniciativa del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), considerada «racista» e «inconstitucional». Esta decisión, tomada con el apoyo del Partido Popular (PP) y la abstención de Vox, busca prohibir cualquier actividad ajena a las instalaciones deportivas municipales, lo que ha generado un intenso debate sobre la libertad religiosa en el país.
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La moción aprobada por el Ayuntamiento, resultado de un acuerdo entre el PP y Vox, estipula la prohibición de actividades no deportivas en estos espacios. La controversia se agrava por el hecho de que, en el pasado, se han celebrado en dichas instalaciones eventos relacionados con la comunidad musulmana, como el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero. La iniciativa también incluye un llamado a promover actividades culturales que defiendan la identidad española y los valores religiosos.
Diversos departamentos del Gobierno han criticado esta decisión. Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la libertad religiosa es un derecho fundamental protegido por la Constitución. Este enfoque se interpreta como un nuevo paso hacia una «deriva extremista y excluyente» por parte de las administraciones de derechas aliadas con la ultraderecha.
Desde el Ministerio de Justicia advierten que el artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, subrayando la importancia de la convivencia pacífica entre distintas religiones como un pilar fundamental de una sociedad inclusiva y respetuosa.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha condenado cualquier forma de discriminación, reafirmando su compromiso por construir una sociedad libre de racismo y xenofobia. Se ha mencionado la vigilancia sobre discursos de odio que puedan surgir a raíz de esta moción, a través del Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).
Acusaciones de utilización política
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a PP y Vox de «utilizar» localidades pequeñas como «laboratorios» para experimentar políticas que aplicarán en un futuro si alcanzan el gobierno. En una entrevista en TVE, Saiz mencionó que ambos partidos han llegado a «pactos de la vergüenza» que retroceden en derechos, en acciones que“parecen inofensivas”, como la promoción del deporte, pero que, en realidad, buscan fomentar una visión excluyente.
Igualmente, Beatriz Micaela Carrillo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, expresó su firme condena ante la decisión del Ayuntamiento de Jumilla, calificándola de «racista». Destacó que se trata de un ataque a la libertad religiosa y un claro acto de islamofobia institucional en sus declaraciones en la plataforma X.
Según Carrillo, el uso del odio como estrategia política es preocupante, ya que se están deshumanizando a las personas musulmanas. «Esto no es convivencia. Es violencia. Es una guerra cultural contra los derechos fundamentales y nuestra democracia», enfatizó, resaltando los riesgos asociados a estas políticas exclusivas.
