La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha expresado gran preocupación e incertidumbre respecto a «las dilaciones y recortes» en el proyecto del Nudo Mudéjar, advirtiendo que la mayor preocupación del territorio es la posibilidad de pasar de una transición justa a una transición fallida y, en última instancia, a una transición injusta.
Este mensaje fue transmitido en una rueda de prensa llevada a cabo el lunes en Teruel, después de una reunión que reunió a administraciones, patronal y sindicatos en torno al Nudo Mudéjar. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, junto con representantes de varios municipios y agentes sociales como CEPYME, la Cámara de Comercio de Teruel, UGT y CCOO.
Mar Vaquero subrayó la importancia de estas reuniones, mencionando que el objetivo es «seguir impulsando, reivindicando y coordinando lo que tiene que ser una transición justa». Además, precisó que no se desean más dilaciones ni recortes en los proyectos del Nudo Mudéjar, recordando que la transición no debe ser injusta ni fallida, destacando que este problema «fue generado por el Gobierno de España». «Necesitamos que haya una respuesta clara de quien planteó ese cierre, de quien creó ese problema. Es lo que estamos reivindicando», enfatizó.
Pronunciamiento unitario
Durante el encuentro del lunes, se acordó emitir un pronunciamiento conjunto con conclusiones compartidas. Vaquero explicó que los proyectos han quedado reducidos a una quinta parte tras la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que afecta considerablemente a las inversiones en los nueve municipios que se veían más beneficiados.
La vicepresidenta en funciones confirmó que el cierre de la central de Andorra se llevó a cabo sin planificación ni alternativas, lo cual ha resultado en la disminución de inversiones, empleo y población: «En el municipio de Andorra se han perdido mil habitantes y un tercio en el de Ariño», comentó Vaquero, quien se comprometió a seguir impulsando una transición justa.
Concurso judicializado
El concurso del Nudo Mudéjar está actualmente judicializado, lo que genera incertidumbre acerca de que cualquier alternativa cuente con la seguridad jurídica necesaria para evitar nuevas reclamaciones y dilaciones. Vaquero recordó que ya han pasado seis años desde el cierre de la Central de Andorra y cuatro desde la adjudicación del concurso, advirtiendo que no se puede poner en riesgo el futuro del proyecto a causa de más recortes.
La vicepresidenta también comentó sobre la reunión del alcalde de Andorra, Rafael Guía, con Judit Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), y la incertidumbre generada por las propuestas de recorte que implican adjudicar la energía a otras empresas. «Nos provoca incertidumbre e inseguridad jurídica porque no aparece recogida jurídicamente en las condiciones de ese concurso», aseguró.
Además, destacó que había un artículo en el concurso que permitía, en caso de que no se superara la capacidad de acceso a la energía en el momento de la adjudicación, la posibilidad de adjudicar a otros proyectos concurrentes. Sin embargo, esta posibilidad no se contempló, lo que aumentó la inseguridad jurídica sobre la propuesta del Instituto de Transición Justa.
Vaquero hizo hincapié en la necesidad de conocer la posición de Enel Green Power España, la empresa encargada de desarrollar este proyecto, y mencionó que han recibido información sobre sus condiciones en la declaración de impacto ambiental, pero anhelan reunirse nuevamente para discutir esos planes de acompañamiento.
Nudo Mudéjar, un proyecto estratégico
El conjunto de proyectos del Nudo Mudéjar es considerado «estratégico» y debería servir para reindustrializar una zona que ha estado dedicada al sector del carbón durante décadas. Vaquero destacó la voluntad del Gobierno de Aragón de reunirse con la empresa adjudicataria y defender una «posición común» tras la reciente Declaración de Impacto Ambiental y la reconsideración de proyectos por su promotor.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo que exige el cumplimiento pleno de los compromisos asumidos con el territorio, especialmente en lo que respecta al plan socioeconómico ligado a la transición justa, así como apoyo a los municipios y al tejido económico y social del Bajo Aragón.
Las reivindicaciones se centran en recuperar íntegramente este proyecto, rechazar los recortes e implementar medidas que permitan aprovechar la capacidad energética no utilizada para impulsar nuevas iniciativas de reindustrialización en la zona.
