La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha exigido de forma oficial al Estado «información urgente» sobre los recursos y plazos para la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Esta afirmación se realizó durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se presentó un informe que revela la «nula información» recibida a únicamente 12 días de su entrada en vigor.
Delgado indicó que esta solicitud se suma a la demanda de información que el presidente Fernando Clavijo dirigió al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a través de una carta enviada el pasado 26 de mayo. En esta, Clavijo transmitía su preocupación, compartida también con el lehendakari vasco, por las repercusiones que podría tener el nuevo reglamento europeo en sus territorios.
En su carta, Clavijo instó a Sánchez a «convocar a la mayor brevedad a todas las comunidades autónomas para mantener una reunión en la que se nos traslade toda la información relativa a la inminente aplicación del Pacto y las consecuencias directas que tendrá este nuevo marco legal en nuestro territorio, principalmente en Canarias, considerando nuestra condición de frontera sur de Europa».
El presidente regional también expresó que la aplicación inminente del Pacto Europeo de Migración está generando «una gran incertidumbre» en el archipiélago, especialmente porque «los períodos de espera de los migrantes que llegan a Canarias podrían alargarse durante un largo plazo de tiempo, debido a los controles impuestos por la nueva legislación europea». Este cambio normativo, añadió, «podría generar un importante tapón, convirtiendo a Canarias en una suerte de prisión para miles de personas y generando una gran presión para los centros de atención y acogida, ya de por sí tensionados».
Canarias no ha sido tomada en cuenta ni informada
Delgado subrayó que el informe aprobado este lunes, que incorpora las aportaciones del Foro Canario de la Inmigración -órgano consultivo de la Comunidad Autónoma en materia migratoria-, señala que, ante la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para el próximo 12 de junio de 2026, «Canarias no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas».
La consejera enfatizó que, hasta la fecha, «desconocemos las condiciones específicas de su despliegue en el territorio nacional y su proyección en las distintas comunidades autónomas, principalmente aquellas que experimentan un mayor tránsito migratorio, como es el Archipiélago canario».
Ante esta falta de información, el Ejecutivo canario ha demandado a las instituciones competentes, especialmente al Ministerio del Interior y otros departamentos involucrados, información sobre la dotación de recursos necesarios para cumplir con los plazos establecidos sin que se vean afectados los recursos de políticas ordinarias como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo, formación, seguridad, infraestructuras o desarrollo económico.
Presión sobre el sistema
Asimismo, Delgado recordó que Canarias, como región ultraperiférica y frontera sur de la Unión Europea, ha soportado en los últimos años una elevada presión migratoria, que se traduce en la llegada de 165.562 personas en 3.216 embarcaciones entre los años 2020 y 2025. A esto, debe sumarse la llegada de menores y adolescentes migrantes no acompañados, que actualmente ascienden a un total de 2.989 bajo tutela del Gobierno de Canarias.
La consejera enfatizó que «la presión sobre el sistema autonómico de protección es muy elevada, mientras que los mecanismos de distribución hacia otras comunidades autónomas y hacia otros Estados miembros de la UE siguen siendo insuficientes».
Además, subrayó que Canarias «ha sido excluida» en la elaboración y diseño del Plan Nacional, solicitando su participación en los mecanismos de seguimiento de los procedimientos, como el sistema de seguimiento y control de condiciones de acogida. Asimismo, reclamó que el Gobierno de Canarias sea tenido en cuenta «en lo que se refiere a la información y toma de decisiones sobre los diferentes aspectos que se desarrollarán en el marco del Pacto y en los Planes de Contingencia, permitiendo que se puedan anticipar necesidades y contribuir a que su aplicación se ajuste adecuadamente a las singularidades territoriales, económicas, sociales e institucionales del Archipiélago».
