El Consejo de Gobierno ha dado instrucciones el día 2 a la Consejería de Hacienda para que este mes de diciembre se haga efectivo el incremento salarial del 2,5% para los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La medida beneficia a casi 18.000 trabajadores y tendrá un coste de más de 19 millones de euros, distribuidos principalmente en los sectores de Salud (7,72 millones de euros), Educación (7,62 millones de euros) y Administración General (3,57 millones de euros).
Cumplimiento del Acuerdo Salarial
El portavoz y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con esta revalorización, el Ejecutivo regional cumple el acuerdo salarial firmado la semana pasada entre el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital con las entidades sindicales. Este acuerdo establece un incremento salarial de los empleados públicos en España del 11,4% durante los próximos cuatro años, con un aumento del 2,5% en 2025, retroactivo desde el 1 de enero, y un crecimiento adicional del 1,5% en 2026. Esto significa que las nóminas de los empleados públicos se revalorizarán un 4% respecto a las cantidades actualmente establecidas.
Compromiso con los Empleados Públicos
La decisión del Gobierno de La Rioja ha sido «hacer efectivo en este mismo mes de diciembre el incremento salarial para los empleados públicos de La Rioja» porque «nuestro compromiso con nuestros empleados es total». Sin embargo, Domínguez también destacó que esta revalorización implica «un enorme desafío técnico y administrativo», dado que se debe encontrar el crédito presupuestario suficiente y tramitar miles de nóminas en aproximadamente 20 días. Afirmó que la Comunidad está en condiciones de afrontar este reto, gracias a «la estabilidad en las cuentas públicas, estabilidad financiera y un buen control del gasto público», lo que representa una ventaja frente a otras comunidades y entidades locales que quizás no puedan cumplir con este compromiso.
Petición de Consideración al Estado
El consejero subrayó que las comunidades autónomas concentran la mayor parte de los empleados públicos que prestan servicios esenciales a los ciudadanos. Por ello, «pedimos al Estado que tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas en futuras negociaciones», para que puedan ser parte de este tipo de conversaciones que afectan directamente sus capacidades operativas y a sus empleados.
