El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado, en su sesión de este martes, un conjunto de medidas por importe de casi 18 millones de euros para crear oportunidades laborales, sobre todo en los pueblos, y apoyar a las pymes y autónomos de la región, «que son los que generan riqueza y fijan población», según ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano.
Nuevas ayudas al empleo autónomo
En primer lugar, la portavoz se ha referido a la aprobación de un nuevo decreto de impulso al empleo autónomo en Extremadura, que contempla ayudas directas de entre 960 y 3.000 euros. Este decreto incluye la convocatoria de tres líneas de ayudas, dotadas en su conjunto con 6,5 millones de euros, con las que se espera consolidar la actividad de más de 3.000 negocios.
Las modalidades incluyen:
- Una línea de impulso del empleo autónomo 3+1, destinada a ayudar a aquellos que mantengan su actividad durante tres años y se comprometan a hacerlo un año más.
- La denominada Tarifa Cero SMI, que contempla una ayuda de 960 euros para los autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo.
- Y la Tarifa Quédate, que apoya, con 2.000 euros, a los autónomos mayores de 65 años acogidos a jubilación activa.
Además, se ha autorizado la convocatoria de ayudas, por importe de 2 millones de euros, para que los autónomos y micropymes mantengan su actividad invirtiendo en la modernización de sus negocios. Estas ayudas cubrirán hasta el 50 por ciento de las inversiones necesarias para seguir creciendo y mejorando su competitividad, priorizando proyectos en municipios con menos de 5.000 habitantes o que pertenezcan al sector industrial. Se espera que cerca de 450 autónomos y micropymes extremeñas, sobre todo de zonas rurales, se beneficien de esta nueva ayuda.
Formación y cualificación profesional
El Consejo de Gobierno también autorizó la segunda convocatoria del programa ‘Bonos de formación del sector del transporte’, considerado una iniciativa pionera para obtener el carné de conducir de forma gratuita. Esta medida está dotada con 2 millones de euros y tiene como objetivo «mejorar la cualificación profesional de los extremeños para que puedan acceder a trabajos donde sea necesario contar con una licencia de conducir», fomentando su incorporación al sector del transporte de mercancías y de viajeros.
Según Elena Manzano, la primera convocatoria, desarrollada en 2025, «ha tenido una gran acogida», concediendo 6.415 bonos de formación y resolviendo prácticamente todas las solicitudes. Además, para 2026, se promoverá una nueva oferta de formación profesional, dotada con 7 millones de euros, que contempla 175 programas para dar respuesta a las necesidades competenciales del mercado laboral, beneficiando a 4.000 trabajadores mediante centros acreditados que ofrezcan programas tanto en modalidad presencial como virtual.
Inversiones en infraestructuras sanitarias
En el ámbito de la salud y los servicios sociales, el Ejecutivo ha autorizado una convocatoria de 6,1 millones de euros para que los ayuntamientos inviertan en residencias de ancianos y centros de día de los que sean titulares. Esta convocatoria incluye dos líneas de subvenciones:
- Una para terminar obras o reformas inacabadas, adaptar espacios, adquirir equipamiento o realizar otras mejoras que permitan crear nuevas plazas públicas.
- La segunda permitirá ofrecer más servicios de proximidad, como fisioterapia, podología, estimulación cognitiva, asistencia domiciliaria, transporte o restauración.
Los ayuntamientos podrán obtener ayudas de hasta 250.000 euros para mejorar sus recursos asistenciales, que en muchos casos tienen más de 30 años.
Mejora de caminos rurales
En el área de desarrollo rural, se ha autorizado una nueva convocatoria de 3 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a arreglar caminos rurales. Esta convocatoria incluye dos líneas: una para reparar las vías deterioradas en municipios con menos de 5.000 habitantes y otra, considerada «novedosa», para ayudar a comprar maquinaria para la conservación de esos caminos.
Elena Manzano ha destacado que «apostar por nuestros caminos rurales es apostar por las conexiones entre los pueblos y por las pymes locales», mejorando el acceso a explotaciones agrarias y combatiendo la despoblación.
Inversiones en infraestructuras científicas
Se ha autorizado también un presupuesto de 3,4 millones de euros para construir la tercera sede de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, FUNDECYT-PCTEX, que estará ubicada en Mérida. Este nuevo edificio se unirá a las dos estructuras existentes en Cáceres y Badajoz y contendrá un espacio vanguardista e innovador de 2.000 metros cuadrados para albergar a unas doce empresas y alrededor de 200 profesionales altamente cualificados. FUNDECYT ya aloja más de 100 empresas y da trabajo a más de 1.800 personas cualificadas.
Cultura y turismo en particular
En el ámbito de cultura y turismo, se destinarán 1,1 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de la Hospedería Conventual de Alcántara, buscando corregir problemas de aislamiento y lograr un uso más racional de la energía. Además, se ha aprobado un decreto para declarar la plaza de toros de Trujillo como Bien de Interés Cultural, categoría Monumento, garantizando así su protección y conservación.
Trujillo destaca por su importancia histórica, artística y social, siendo una de las 34 plazas de toros fijas en Extremadura. La Junta también firmó un convenio con la Universidad de Extremadura para impulsar la digitalización en 3D de bienes de interés cultural, con una aportación de 360.000 euros.
Otros asuntos relevantes
Finalmente, se ha establecido la organización y funcionamiento del Registro Autonómico de Personas con Especial Vinculación, un registro pionero que permitirá a personas sin vínculos de parentesco, como hijastros o sobrinos, beneficiarse de una reducción del 100 por ciento del Impuesto de Sucesiones para herencias de hasta 500.000 euros.
El Consejo de Gobierno también aprobó un aumento salarial del 2,5 por ciento en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5 por ciento en 2026 para los empleados públicos de la Administración autonómica, con un impacto presupuestario de 68,5 millones de euros y 42 millones de euros, respectivamente.
