El Gobierno de España ha identificado varios emplazamientos en la red ferroviaria nacional donde ocurrieron actos de represión franquista, como depuraciones del personal ferroviario. Sin embargo, hasta la fecha no se ha elaborado un inventario específico sobre dichos lugares. Este anuncio fue hecho en respuesta a una consulta parlamentaria realizada por diputados de Izquierda Unida, quienes se interesaron especialmente por el destacamento penal de Bustarviejo (Madrid), que será declarado Lugar de Memoria Democrática.
En mayo, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática comenzó los trámites necesarios para conceder la distinción de Lugar de Memoria a todos los destacamentos penales donde estuvieron internos los presos republicanos, quienes trabajaron en condiciones de semiesclavitud en la construcción del tren directo entre Madrid y Burgos.
6.000 presos hicieron la línea Madrid-Burgos
Entre 1941, año de la creación de Renfe, y 1955, aproximadamente 6.000 presos redimieron sus penas trabajando en la construcción de esta línea ferroviaria. Muchos de ellos fueron detenidos y condenados a penas de muerte por su adhesión a la rebelión, aunque posteriormente esas penas fueron conmutadas a 30 años y un día de reclusión o a penas menores si se trataba de auxilio a la rebelión. Se levantaron un total de 11 destacamentos, túneles, viaductos, estaciones, apeaderos, muelles de mercancías y carreteras de enlace, todo ello bajo el sistema de Redención de Penas por el Trabajo del Patronato de la Merced.
El Gobierno tiene el propósito de declarar como Lugares de Memoria los enclaves de los destacamentos penales ubicados en la línea, entre los que se encuentran los de Chamartín (en la actual estación madrileña), Fuencarral, Colmenar Viejo, Las Jarillas (filial de Chozas de la Sierra), Chozas de la Sierra (actual Soto del Real), Miraflores de la Sierra, Valdemanco, el filial de Valdemanco (en Lozoyuela), el filial de Garganta de los Montes (Lozoyuela), Garganta de los Montes y Bustarviejo.
Bustarviejo, el único que sigue en pie
En junio, una tormenta provocó el derrumbamiento del techo del destacamento penal de Bustarviejo, el único que se mantiene en pie, ya que fue utilizado durante años para el ganado. La Asociación de Memoria Histórica Los Barracones, que gestiona las visitas al lugar, ha solicitado la colaboración de la Delegación del Gobierno en Madrid para su restauración.
Además, los diputados de Izquierda Unida preguntaron al Ejecutivo si planeaba crear un mapa con todos los espacios de la red ferroviaria relacionados con la memoria democrática. En su respuesta, el Ejecutivo comentó que la asociación que gestiona el destacamento de Bustarviejo ha iniciado una campaña de recaudación de donativos para sufragar los trabajos de restauración de los daños ocasionados por el temporal, accediendo a que el lugar se encuentra fuera de los límites de suelo titularidad de Adif, que en esa zona se limita a la plataforma y el talud.
A pesar de que el Gobierno no tiene constancia de un inventario específico de lugares vinculados a la memoria de la represión en el ámbito de la red ferroviaria española, ha mencionado la existencia de otros emplazamientos significativos, como los campos de concentración de Albatera (Alicante), Castuera (Badajoz), Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), así como diversos poblados ferroviarios, muchos de los cuales fueron considerados «estaciones de castigo» para personal represaliado a través de procedimientos de depuración.
Casi 83.000 profesionales depurados
Según el doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Polo Muriel, en su trabajo ‘La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975)’, esta represión alcanzó a 82.831 profesionales, lo que representa un 88% del total de las plantillas de las diferentes empresas ferroviarias de la época.
De este total, un 26% se vio afectado por sanciones de diversa índole: 6.782 fueron separados del servicio y despedidos, y 6.500 sufrieron sanciones que incluyeron traslado de residencia o de servicio. En 2018, el Ministerio de Transportes ya rindió homenaje a estos profesionales, quienes enfrentaron sanciones, prisión, exilio o incluso penas de muerte.
