El Gobierno de España ha anunciado la desclasificación de un total de 153 unidades documentales relacionadas con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Esta información será puesta a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía del miércoles en la página web de Moncloa.
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que esta es «toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento», que ha permanecido oculta durante décadas bajo una normativa franquista. La digitalización de estos documentos está a cargo de los Ministerios de Exteriores, Defensa e Interior.
Saiz ha afirmado que con esta medida, España pone fin a «una situación atípica en las democracias». Recordó que Alemania ya hizo públicos en 2012 documentos relacionados con esa etapa de la historia. La portavoz también expresó su esperanza de que el proyecto de la ley de Información Clasificada avance en el Congreso, buscando que decisiones como esta se conviertan en la norma.
Respecto al impacto de la desclasificación sobre la narrativa histórica del 23-F y el papel de Juan Carlos I en el mismo, Saiz aclaró que se desclasificarán todos los documentos encontrados, ya que no hay «un único sitio» donde estén concentrados. Entre los materiales a disposición, mencionó que incluirán «informes, transcripciones de conversaciones» y posiblemente «alguna imagen».
Fuentes de Moncloa han indicado que los documentos estarán en formato PDF y no se incluirá material de audio o vídeo.
Saiz defendió que 45 años después del 23-F, ya ha transcurrido un «tiempo prudente y suficiente». Afirmó que en la actualidad, donde la desinformación puede esparcirse rápidamente, esta decisión evita que «la ultraderecha siga utilizando conspiraciones para confundir a los jóvenes que creen que con Franco se vivía mejor».
«HASTA DONDE PODÍA LLEGAR»
Asimismo, en un contexto donde se plantean reclamos de desclasificación de otros documentos secretos por parte de partidos como Bildu, PNV o Junts, Saiz aseguró el «compromiso firme» del Gobierno con la memoria democrática y que «ha llegado hasta donde podía llegar».
La portavoz valoró el proyecto de ley de Información Clasificada aprobado por el Consejo de Ministros en 2025, que busca reemplazar la legislación franquista sobre secretos oficiales. Este proyecto estipula la desclasificación automática de los secretos oficiales a los 45 años, a los 35 años para documentos clasificados como «secreto», y entre 7 y 9 años para información «confidencial», y entre 4 y 6 años para información «restringida».
Fuentes gubernamentales han señalado que los Ministerios de Exteriores, Defensa e Interior son los encargados de este proceso de desclasificación. Actualmente, equipos en estos departamentos están digitalizando el material para que esté disponible para la ciudadanía.
Aunque el Gobierno admite que no conoce exactamente qué información será divulgada, confían en que no afectará a la seguridad nacional dado el tiempo transcurrido desde el golpe de Estado.
Por otro lado, se ha aclarado que no se incluirá el sumario del proceso judicial a los responsables del golpe, ya que no fue declarado como secreto y permanece bajo custodia del Tribunal Supremo. Además, se informó que antes del anuncio del levantamiento del secreto, el Gobierno alertó a la Casa Real.
