BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) – La Administración General de Euskadi abonará en la primera nómina de 2026 los atrasos correspondientes al incremento retributivo del 2,5% establecido para 2025, con un impacto presupuestario de 150 millones de euros que beneficiará aproximadamente a 90.000 empleados públicos.
Contexto de la Subida Salarial
Según ha informado el Departamento de Hacienda y Finanzas, esta medida se encuadra dentro del decreto-ley aprobado el 11 de diciembre, que establece una subida acumulada del 11% en las retribuciones del personal laboral y funcionario público entre 2025 y 2028.
El Gobierno vasco ha destacado que, aunque los atrasos se pagarán en enero, la consolidación definitiva de este incremento en las tablas salariales y el importe correspondiente a 2026 dependerá de la recepción formal de las tablas actualizadas por parte del Ministerio de Función Pública.
Agilización del Proceso
No obstante, la Administración ya ha comenzado los trabajos técnicos y administrativos necesarios para «agilizar» el proceso, con el objetivo de que la actualización retributiva sea «efectiva» y se refleje con normalidad en las nóminas desde el inicio del nuevo ejercicio.
Marco Retributivo Plurianual
El Departamento de Hacienda y Finanzas ha recordado que el incremento del 2,5% en 2025 forma parte de un marco retributivo plurianual pactado a nivel estatal, que incluye subidas adicionales del 2% en 2026 (dividido en un 1,5% fijo y un 0,5% variable según la variación interanual del IPC), del 4,5% en 2027 y del 2% en 2028, sumando un incremento acumulado del 11% al finalizar el periodo. Sin embargo, lo aprobado hasta ahora solo afecta a 2025 y 2026.
Además, el Gobierno vasco ha señalado que, ante la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, las subidas previstas para 2027 y 2028 deberán aprobarse de forma independiente, «ejercicio a ejercicio, mediante real decreto».
Objetivo de la Medida
Esta hoja de ruta tiene como finalidad compensar parcialmente la «erosión salarial» acumulada en años anteriores y contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del sector público.
