VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) – La vicelehendakari primera, Begoña Bengoetxea, ha apelado al consenso de todos los grupos del Parlamento Vasco para defender el marco jurídico construido en los últimos 40 años en torno a la normalización del uso del euskera, frente a la «grave» decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de «cuestionar» la constitucionalidad del sistema. Bengoetxea ha señalado que este modelo cuenta con el «aval» del propio Tribunal Constitucional.
Junto a la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, Bengoetxea se expresó así durante una comparecencia ante los medios de comunicación, con motivo de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que se repasó el procedimiento judicial iniciado a raíz de los recursos presentados por PP y Vox contra el decreto 19/2024 sobre el uso del euskera en el sector público. Este proceso, según denunció, evidencia «una vez más la judicialización e instrumentalización del euskera».
Ubarretxena recordó que el TSJPV ha iniciado el procedimiento para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley vasca de empleo público. El tribunal pretende consultar al Tribunal Constitucional sobre el artículo 187.5 de la Ley de empleo público, que obliga a asignar un perfil lingüístico a todos los puestos de trabajo del sector público. La portavoz del Ejecutivo autonómico indicó que la sala del TSJPV que lleva este asunto «argumenta que ese precepto es la base jurídica del decreto recurrido» por PP y Vox, por lo que «debe aclararse su constitucionalidad antes de dictar cualquier sentencia».
«NO ES NUEVO»
Ubarretxena ha añadido que el Gobierno Vasco «no comparte» este planteamiento, tal y como ya señaló en las alegaciones presentadas el pasado 2 de diciembre, puesto que «no hay motivo» para elevar cuestión alguna al Constitucional. Esto se debe, precisó, a que ese contenido «no es nuevo», dado que ya está recogido tanto en la Ley de normalización del uso del euskera de 1982, como en la Ley de función pública de 1989.
La portavoz recordó que ambas leyes «han sido avaladas por el Tribunal Constitucional». Además, apuntó que el siguiente artículo al recurrido, el 185.6, «desarrolla y explica qué es un perfil lingüístico, para qué y cómo se utiliza», y también habla sobre «un concepto clave»: la preceptividad.
«Hablamos de normas que ya fueron revisadas y avaladas», comentó Ubarretxena, quien criticó que se pretenda actuar contra «un marco jurídico consolidado durante más de 40 años». «Nos parece peligroso que una cuestión que ha sido avalada y que lleva en funcionamiento con un amplio consenso social durante 40 años se ponga ahora en solfa», añadió.
La portavoz también calificó de «llamativa» la forma en la que se está desarrollando este procedimiento judicial. Los motivos de esta opinión radican en que durante el proceso se ha producido una «modificación» de la sala que inicialmente llevaba el asunto, que se hayan aunado dos recursos —el de PP y el de Vox— «que nada tienen que ver», y que el TSJPV haya decidido «motu propio» elevar la cuestión al Tribunal Constitucional.
Por su parte, Bengoetxea coincidió en que los aspectos cuya constitucionalidad ahora se pone en cuestión «han sido aplicados a lo largo de muchos años en la selección y provisión de los puestos de la Administración, ajustándose siempre a la legalidad vigente». La vicelehendakari lamentó que la decisión del TSJPV «cuestiona el propio marco legal que sostiene la normalización del uso del euskera en la Administración pública vasca», algo que calificó de «muy grave» porque «supone cuestionar todo el sistema de euskaldunización del sector público vasco».
NO «TODOS» LOS PUESTOS EXIGEN EUSKERA
La consejera de Política Lingüística explicó que en los casos en los que esa fecha de preceptividad no haya vencido o en los que ese perfil del puesto no tenga fecha, el conocimiento de lengua a la que se refiere esa preceptividad se valora «como mérito», en una decisión que se adopta «con criterios de funcionalidad y proporcionalidad».
«Que todos los puestos tengan perfil no significa que en todos se exija euskera; y clasificar un puesto con un perfil no es lo mismo que exigir ese perfil», añadió, indicando también que «hay un número de puestos en la Administración pública vasca que tienen asignado perfil pero no tienen fecha de preceptividad», lo que significa que en ellos el conocimiento de euskera «no es obligatorio».
Bengoetxea mencionó que la sala del TSJPV que ha cuestionado la constitucionalidad de este artículo «parece interpretar ambos conceptos conjuntamente, interpretando de esta manera que clasificar; es decir, asignar un perfil, equivale a imponer una obligación general». «Ahí está el salto y esto no es así. Nuestro sistema separa ambos planos para garantizar un avance gradual equilibrado y adaptado a cada servicio», precisó.
La vicelehendakari añadió que, según los últimos datos disponibles, en la Administración general de Euskadi hay un 26,5 % de plazas que no tienen fecha de preceptividad, cifra que en Osakidetza es de un 37,22 %, en la Ertzaintza de un 46,4 %, y en la Administración de Justicia de un 67,1 %.
«Esa es la verdadera lectura del artículo 187.6: el hecho de que pese a que todas las plazas tengan un perfil, que se supone que es la capacitación ideal para ejercer ese puesto de trabajo, la obligación y la exigencia de disponer de esa capacitación para acceder y ejercer ese puesto de trabajo la marca la fecha de preceptividad», manifestó.
Bengoetxea advirtió que la decisión del TSJPV es «grave», porque «pone en cuestión ese pilar básico de la normalización lingüística, que lleva más de 40 años funcionando con amplio consenso social, político e institucional».
Ante esta situación, apeló al «consenso» de los partidos políticos vascos para llegar a acuerdos en torno a las iniciativas que, por separado, han presentado el PNV y EH Bildu, vinculadas a la modificación de la Ley de empleo público, con el fin de dotar a los requerimientos lingüísticos de los procesos selectivos de seguridad jurídica.
La vicelehendakari primera instó a los partidos a «esforzarse al máximo para llegar al más amplio consenso posible para blindar aún más el marco legal, para que no se den este tipo de cuestionamientos que generan inseguridad en las actuaciones de las administraciones públicas».
EL PAPEL DEL PSE
«Apelo a todos los partidos del arco parlamentario a que tomen decisiones que sean en beneficio de la ciudadanía vasca. Defender el marco del que nos hemos dotado en los últimos 40 años es defender a la ciudadanía vasca», afirmó.
En este sentido, Ubarretxena aseguró que el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco pero que mantiene diferencias con los ‘jeltzales’ en esta materia, conocía de antemano el contenido de su comparecencia y el de Bengoetxea. Además, indicó que este tema será tratado en el próximo Consejo de Gobierno.
