El Govern de las Islas Baleares ha expresado su profunda preocupación por los recientes recortes en las ayudas a entidades culturales anunciados por el Ministerio de Cultura. Según la administración regional, estas medidas vulneran el principio de equidad territorial y afectan directamente a la sostenibilidad de proyectos culturales de larga trayectoria en el archipiélago.
La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha manifestado su inquietud ante lo que califica como una «drástica reducción» en el apoyo financiero proveniente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem). Esta situación, evidenciada por el comunicado de Iguana Teatre, pone en riesgo la continuidad de proyectos culturales que han estado en operación durante décadas.
Iguana Teatre, que posee más de 40 años de actividad y es la única compañía extrapeninsular incluida en la Bienal 2025/2026, ha sufrido un recorte significativo, pasando de una media de 55.000 euros a solo 15.000 euros, lo que representa «el recorte más alto del país». Este cambio ha generado un sentimiento de agravio histórico entre los profesionales de las artes escénicas en las Islas Baleares.
La Conselleria ha reiterado que esta decisión «contraviene frontalmente su postura institucional», la cual sostiene que los sobrecostes asociados a la realidad insular deben considerarse en los criterios de financiación estatal. En este sentido, es importante recordar que el Institut d’Estudis Baleàrics presentó un recurso de reposición contra las bases de la convocatoria del Inaem, que denunció esta falta de atención a las particularidades del hecho insular.
Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes, apuntó que «la falta de consideración del Ministerio hacia esta realidad impacta en el conjunto de profesionales de las artes escénicas de las Islas y perpetúa un agravio que impide desarrollar su actividad en condiciones de igualdad».
Además, la Conselleria ha calificado de «especialmente grave» que el Inaem excluya los gastos de viaje y alojamiento en sus convocatorias. Esta medida, según la compañía afectada, representa una discriminación clara para los territorios insulares y contradice el artículo 138.1 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar un equilibrio económico justo que atienda las particularidades derivadas del hecho insular.
En este contexto, el Govern se mantiene firme en la defensa de la necesidad de un enfoque institucional que dé cabida a las particularidades de la cultura insular, esperando que estas preocupaciones sean consideradas de manera prioritaria en el ámbito estatal.
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