PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) – El Govern ha detectado pagos indebidos de la Renta Social Garantizada (Resoga) que podrían oscilar entre 1.600.000 y 2.400.000 euros, cantidad que los beneficiarios tendrán que devolver a la administración.
Declaraciones de la consellera
Lo ha explicado este lunes la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, quien dio a conocer en rueda de prensa las principales conclusiones de la auditoría interna encargada sobre esta prestación, así como de una primera revisión de más de 4.000 expedientes correspondientes al sistema de gestión Resoga 20.
Antecedentes y auditorías previas
En relación con un anterior sistema de gestión de la prestación, el Resoga 16, la consellera ha informado que tras un cruce masivo en diciembre de 2022 y la revisión de más de 2.300 expedientes, se detectaron pagos indebidos por un total de 211.000 euros.
Críticas al proceso de notificación
Fernández ha señalado: «La gravedad no es que se suspendan, es que no se notificaba y dejaba en un limbo a las personas beneficiarias». La consellera también ha criticado la figura de la declaración responsable, que, según ha defendido, puede ser útil en algunas circunstancias, pero no lo es para esta prestación debido a la carga de responsabilidad que genera en colectivos vulnerables que suelen desconocer el funcionamiento de la administración.
Acciones del nuevo gobierno
La revisión y notificación de los expedientes irregulares ha sido una de las primeras actuaciones impulsadas por el departamento tras acceder al gobierno en el verano de 2023, además de encargar una auditoría debido al «caos» detectado en la gestión de la Renta Social Garantizada.
