PALMA, 28 de octubre (EUROPA PRESS) – El Govern balear ha confirmado que no está redactando, ni tiene intención de hacerlo, una ley para restringir la entrada de vehículos en las Islas Baleares. Sin embargo, se ha comprometido a respetar las normativas que los consells insulares han impulsado en este sentido.
Declaraciones desde el Parlament
La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, realizó estas afirmaciones durante el pleno del Parlament, en respuesta a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas. Prohens declaró: «El Govern no está redactando ni baraja presentar ninguna ley; los consells están desplegando sus medidas para desatascar las carreteras y llevar a cabo estudios de carga que permitan fijar, a partir de criterios objetivos, el número de vehículos que pueden circular por las islas».
Respeto a las decisiones insulares
La presidenta destacó que el único objetivo del Ejecutivo es «ser respetuoso con las decisiones que tome cada consell». Cabe recordar que ya se ha implantado una regulación en Ibiza y Formentera, mientras que Mallorca y Menorca están en proceso de implementar medidas similares.
Criticas de Vox
Durante el debate, Cañadas expresó sus preocupaciones sobre las justificaciones del Govern para estas regulaciones, que se amparan en la lucha contra la saturación y la protección del territorio. «Nos preocupa que detrás de otro proyecto estrella del PP solo haya improvisación y la eterna manía de prohibir y restringir en vez de gestionar y solucionar problemas», subrayó Cañadas.
Efecto de las restricciones
La portavoz del partido también argumentó que las restricciones no lograrán el efecto deseado, dado que «la mayor parte de los coches son de los residentes y no de ‘rent a car'». Cañadas insistió: «Bajo la excusa del ecologismo se esconde la pésima gestión en infraestructura y la falta de transporte público adecuado a la demanda».
Compromiso del Govern
Por su parte, Prohens reafirmó que legislar en esta línea no está sobre la mesa del Govern. La presidenta subrayó los avances logrados durante su mandato en áreas como transporte público, proyectos ferroviarios y la mejora de infraestructuras de carreteras.
