PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) – El Govern de les Illes Balears ha anunciado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución emitida por el Ministerio de Juventud e Infancia. Esta resolución rechaza la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria en la comunidad autónoma.
Anuncio del recurso
La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha hecho este anuncio a través de una nota de prensa. Lo ha realizado después de que la presidenta balear, Marga Prohens, lamentara esta mañana la negativa del Gobierno central a permitir que Baleares acceda a la mencionada contingencia migratoria.
Motivación del recurso
La resolución del Ministerio establece que el sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados de las Islas, que actualmente atiende a 694 jóvenes según datos del 1 de septiembre de 2025, no cumple con el umbral legal necesario para activar este mecanismo de contingencia.
Implicaciones legales y recursos previos
El Ejecutivo balear ha destacado que ya ha impugnado el Real Decreto-ley 2/2025, que fija los criterios para la declaración de la situación de contingencia, así como el Real Decreto 658/2025, el cual regula el procedimiento correspondiente. Además, tiene la intención de recurrir el Real Decreto 743/2025, que determina la capacidad ordinaria del sistema balear en 406 plazas.
Defensa de la capacidad del sistema balear
Con este nuevo recurso, el Govern vinculará la impugnación de la resolución ministerial a las normas que la sustentan, con el objetivo de defender la capacidad del sistema en Baleares y responder adecuadamente a la situación migratoria que enfrenta el archipiélago.
Críticas a la gestión del Gobierno
En su intervención en el pleno del Parlament, la líder del Ejecutivo autonómico ha manifestado que el Govern «recurrirá a todas las vías» disponibles para frenar el reparto de menores migrantes no acompañados. Prohens ha criticado que «para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad», calificando esta situación de «racismo institucional».
