El Govern de las Islas Baleares ha solicitado formalmente al Ministerio de Infancia y Juventud la figura de contingencia migratoria, con el fin de paralizar el traslado de menores no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas. La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, presentó esta petición por escrito este lunes.
Desde el Ejecutivo balear han argumentado que el archipiélago enfrenta una «presión sin precedentes», dado que en lo que va de año han llegado a sus costas 4.895 personas en situación irregular, de las cuales más de 350 son menores no acompañados. En este contexto, es importante destacar que los consells insulares actualmente tutelan a 694 niños y adolescentes migrantes no acompañados, mientras que la capacidad ordinaria establecida en el Real Decreto 743/2025 es de 406 plazas.
Estos números implican que dos de cada tres menores tutelados en Baleares son jóvenes migrantes, llevando al sistema a una sobreocupación superior al 1.000 por ciento, según ha asegurado el Ejecutivo. Esto ha suscitado preocupaciones respecto al bienestar de los menores y la sostenibilidad del sistema de protección.
Riesgos para el Sistema de Protección
Antònia Maria Estarellas ha expresado que «la imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo ni consenso supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección». Esta situación requiere una atención inmediata y soluciones consensuadas que prioricen la seguridad y bienestar de los menores involucrados.
Acciones Legales por Parte del Govern
Paralelamente, el Govern ha indicado que continuará impulsando acciones legales para «defender la capacidad de decisión y la viabilidad del sistema de protección insular». La presidenta balear, Marga Prohens, ha informado que este lunes la Abogacía de la Comunidad Autónoma presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 658/2025, de 22 de julio, y se está trabajando en un recurso adicional contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto.
Estas impugnaciones se suman al recurso que ya fue interpuesto en marzo contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, el cual actualmente se encuentra admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo autonómico ha reiterado su compromiso de utilizar «todas las vías políticas y jurídicas disponibles» para «garantizar el respeto al principio de interés superior del menor y la sostenibilidad del sistema de protección del archipiélago». Esta postura refleja la determinación del Govern para abordar la crisis actual y asegurar que los derechos de los menores migrantes sean respetados.
