El Tribunal Supremo (TS) se dispone a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La vista oral se prevé que se celebre en noviembre de 2025, será breve y podría contar con sentencia antes de que acabe el año, según fuentes jurídicas consultadas.
El destino judicial de García Ortiz comenzó a dilucidarse el 9 de junio, cuando el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, decidió procesarle, junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. La propia Fiscalía, representada por María Ángeles Sánchez Conde, y ambos imputados recurrieron, pero la Sala de Apelación solo aceptó el recurso de Rodríguez, que quedó exenta de juicio, dejando al fiscal general del Estado a la espera de un último paso procesal, el cual fue la apertura del juicio oral acordada por Hurtado.
García Ortiz deberá presentar una fianza de 150.000 euros para cubrir las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de una eventual sentencia, incluida una indemnización a González Amador, quien solicitaba 300.000 euros solo por ese concepto. El fiscal tiene diez días para presentar su escrito de defensa.
Las fuentes consultadas indican que el juicio se celebrará hacia noviembre, con una duración breve de aproximadamente una semana, lo que permitiría una sentencia antes de que comience 2026. El tribunal que juzgará al fiscal general del Estado estará formado por los magistrados que acordaron abrirle causa: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. A ellos se les sumarán otros dos magistrados, siendo lo más probable que sean Ana Ferrer y el actual presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien también lideraría el tribunal.
Un juicio complejo
Se espera que sea un juicio complejo por la entidad del acusado, dado que nunca antes un fiscal general ha sido juzgado en el Tribunal Supremo, y por las dificultades probatorias del delito de revelación de secretos. Sin embargo, el catálogo de delitos podría ampliarse, ya que el propio instructor ha mencionado en su resolución otros de prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos. Estos delitos, que también califican algunas de las acusaciones populares, podrían elevar la pena a un máximo de seis años de prisión y doce de inhabilitación.
En cuanto a la prueba a practicar en juicio, las acusaciones reclamaban la declaración de García Ortiz y numerosos testigos. Por ejemplo, la acusación particular, que ejerce González Amador, solicita su propia testifical; junto a la de su abogado en el caso por delitos fiscales, Carlos Neira; y otros como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón.
La acusación también requiere las declaraciones de cuatro fiscales, del responsable de protección de datos de la Fiscalía, de dos de comunicación, y de seis periodistas. Asimismo, se exigen las testificales de la ex asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, del exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y del exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés.
Se espera que el juicio gire en torno a las testificales que acuerde la Sala de lo Penal, ya que tras ocho meses de investigación, la causa se sustenta en las declaraciones acordadas por Hurtado, en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y en las conversaciones de WhatsApp aportadas por varios testigos.
Los hechos fijados por el instructor
Los testigos reclamados por las acusaciones son personajes clave en los hechos investigados. Hurtado ha determinado que la presunta filtración por parte de García Ortiz se produjo a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se envió un correo electrónico a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año, buscando un pacto en la causa por delitos fiscales donde González Amador terminó procesado.
El magistrado ha sostenido que, antes de que el correo tuviera difusión por otros medios, se envió copia del mismo a Sánchez Acera, quien dio instrucciones para exhibirlo en una intervención en la Cámara contra Díaz Ayuso. En su resolución, Hurtado insistió en que el mencionado correo contenía información sensible sobre aspectos y datos personales de un ciudadano, que había sido provista en el marco de un proceso penal, y que estaba sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.
La filtración del correo «pone en cuestión el prestigio de la institución», señala Hurtado, resaltando la función constitucional que se le asigna al Ministerio Fiscal. Según el magistrado, estos principios pueden verse comprometidos por indicaciones externas, lo que tendría efectos perjudiciales en el derecho de defensa del afectado. Para Hurtado, García Ortiz asumió la responsabilidad al dar publicidad a una información confidencial que nunca debió ser divulgada.
