El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha decidido continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas que se siguen contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otras cinco personas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Esta decisión se centra en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas sociales individuales a extrabajadores de la empresa Delphi Automotive Systems España S.L. y su industria auxiliar, que ascienden a un total de 261.754.334 euros.
En un auto fechado el 15 de octubre y notificado a las partes implicadas, el magistrado considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La causa ha sido trasladada a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas, quienes tienen un plazo común de 20 días para solicitar la apertura del juicio oral, presentar un escrito de acusación, o en su defecto, pedir el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias necesarias para formular la acusación.
El magistrado ha determinado que no son necesarias nuevas diligencias instructoras en esta pieza separada del caso ERE. Así, el procedimiento continúa contra cuatro exviceconsejeros de la Junta de Andalucía, dos exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social, un exdirector general de la agencia IDEA, así como contra dos representantes sindicales de CCOO y UGT, dos personas no autorizadas («intrusos») y un directivo de Uniter, la mediadora que participó en la formalización de las pólizas de seguro de la Consejería de Empleo.
Se detalla en el auto que las «subvenciones excepcionales» mencionadas fueron financiadas con el programa presupuestario 31-L. Sin embargo, de las diligencias realizadas se puede deducir la existencia de otras líneas de ayuda, distintas a las anteriores, que fueron concedidas y financiadas sin estar sujetas a ninguna forma de legalidad, y que también habrían sido cubiertas con cargo a otros programas presupuestarios, fuera de los presupuestos 22-E y 31-L de la Consejería.
El magistrado precisa que estas subvenciones, relacionadas con los Planes Personales de Inserción (PPI) de los extrabajadores de Delphi, no habrían sido aprobadas ni pagadas dentro del periodo de imputación en la causa original por el director general de Trabajo correspondiente, lo que justifica el proceso contra los presuntos implicados en la operación ilícita investigada, incluidos aquellos ya encausados y llevados a juicio en la causa.
A juicio del instructor, este procedimiento específico no investiga la supuesta ilegalidad en la concesión de ayudas mediante otros mecanismos de financiación, resaltando que muchas de las acciones delictivas objeto de esta investigación no fueron juzgadas en la pieza separada del caso ERE. Asimismo, se aclara que ciertos fondos dispuestos en favor de los extrabajadores de Delphi excedieron el ámbito y propósito del programa presupuestario 31-L.
El juez también ha decidido el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros seis investigados vinculados a la Junta, específicamente, cuatro exconsejeros y dos exdirectores de Administración y Finanzas de la agencia IDEA. No se han encontrado en su contra indicios sólidos que permitan atribuirles relevancia penal en los hechos investigados.
En el apartado de «intrusos», el magistrado argumenta que no hay pruebas suficientes que demuestren que los exconsejeros, como responsables de las consejerías implicadas, tuvieron una participación deliberada en la concesión y pago de las subvenciones destinadas a financiar los Planes Personales de Inserción para los extrabajadores de Delphi. Además, se precisa que las irregularidades documentadas se manejaron a través de pólizas de prejubilación y otras resoluciones firmadas en 2009 y 2010.
El juez concluye que estas ayudas irregulares fueron finalmente sufragadas por la agencia IFA/IDEA con cargo a fondos públicos del programa presupuestario 31-L, sin ninguna sujeción a proceso legal, lo cual levanta serias interrogantes sobre la legalidad de los 261 millones de euros supuestamente concedidos por la Junta de Andalucía.
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