Granada, 18 de septiembre (EUROPA PRESS) – El Tribunal Penal de Cagliari, Italia, ha dado inicio este jueves al juicio penal contra Francesco Arcuri, quien enfrenta acusaciones de maltrato hacia sus hijos. En esta primera sesión, se presentó una cuestión procesal previa que ha obligado a reprogramar la comparecencia de las partes para octubre. Ni Juana Rivas, expareja de Arcuri y vecina de Maracena (Granada), ni sus dos hijos estuvieron presentes en la audiencia.
Fuentes del caso informan que la cuestión procesal está relacionada con la petición de que el menor, de 11 años, sea representado por un administrador especial en lugar de por su madre, Rivas. Este niño regresó a Italia con su padre en julio, tras pasar las vacaciones de Navidad en España con su madre. Juana Rivas ha sido convocada para declarar el próximo 30 de octubre por supuesta sustracción de menores, algo por lo que ya fue condenada en 2017 tras un mes de ausencia con sus hijos.
El equipo jurídico de Arcuri está tratando de establecer la pertinencia de que el menor esté representado por un administrador especial debido a la gravedad de las acusaciones de maltrato físico y psíquico que enfrenta Arcuri. La próxima audiencia está fijada para el 23 de octubre, y se espera que este proceso legal se prolongue durante años, según la normativa italiana.
En una declaración reciente, el equipo legal de Juana Rivas expresó su confianza en que se corroboren los hechos graves alegados en la imputación presentada por la Fiscalía italiana. Una audiencia preliminar, celebrada el 17 de junio en Cagliari, determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analizaría las denuncias de Rivas.
Durante esta semana, en la audiencia que da inicio a la vista oral, no se impusieron medidas restrictivas ni se modificó la custodia del hijo menor, que sigue bajo el control de su padre por orden judicial. El 3 de diciembre del año anterior, Rivas se mostró satisfecha al conocer que la Fiscalía había procesado a Arcuri por presuntos maltratos a sus hijos.
Un comunicado de la representación legal de Rivas detalló que el 14 de noviembre, la Fiscalía de Cagliari concluyó las investigaciones y presentó formalmente el escrito de procesamiento contra Arcuri. Rivas lamentó que su hijo menor se viera obligado a vivir con su padre en Carloforte, mientras que el mayor, de 19 años, reside en España y ha solicitado ayuda a la Fiscalía, señalando que su padre no controla su impulsividad y que su hermano está en peligro.
Paralelamente, en España, continúa en trámite la denuncia presentada por Arcuri contra Rivas por la supuesta sustracción de su hijo menor. El 30 de octubre, Rivas deberá declarar al respecto, a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada considerara que los hechos no eran delictivos, decisión que fue recurrida por Arcuri.
La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, admitió parte del recurso presentado por Arcuri, lo que lleva a reabrir la investigación en este caso. Una providencia del 30 de julio citó a Rivas para declarar como investigada el 30 de octubre.
Vuelta suspendida de enero a julio
El pasado enero, la autoridad judicial suspendió provisionalmente el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad, debido a las denuncias del menor sobre presuntos episodios de violencia. Finalmente, el regreso se llevó a cabo el 25 de julio, luego de un intento fallido en el punto de encuentro familiar anteriormente.
La Audiencia de Granada confirmó en marzo la decisión del Juzgado de Instrucción número 9 de remitir el expediente judicial del hijo menor a Cagliari, para seguir investigando las denuncias de maltrato. En abril de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Rivas por sustracción de menores, reduciendo su pena de cinco años a dos años y seis meses, considerando que se trató de un único delito.
Un indulto del Gobierno rebajó su pena de prisión a un año y tres meses, además de conmutar la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que no cometiera el mismo delito en un plazo de cuatro años desde la emisión del decreto, el 17 de noviembre de 2021.
