El ministro de Políticas Territoriales y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su satisfacción tras conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la compra de mascarillas en Canarias. Durante una rueda de prensa, Torres afirmó que ha sufrido durante un año y medio una «campaña absolutamente injusta de persecución» personal y política, la cual, admitió, ha afectado a su «entorno familiar».
Torres realizó estas declaraciones en respuesta a las preguntas de los medios sobre cómo afronta la semana en la que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, y a Víctor de Aldama, comisionista en la causa relacionada con los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Durante su intervención, el ministro subrayó que ha denunciado a Aldama en «dos ocasiones» y que ha necesitado «desmontar» con pruebas diversas acusaciones «falsas» en su contra. Se mostró esperanzado de que la población canaria y española reconozca que, en su caso, «no existía ni corrupción ni degradación, ni prostitutas ni mordidas, ni comisiones, ni absolutamente nada». Ante la posibilidad de una nueva comisión de investigación, Torres afirmó que «el PP haga lo que quiera».
Asimismo, el ministro afirmó que continuará trabajando para mejorar la situación de dependencia en España y denunciará cuando no haya mejoras en comunidades gobernadas por el PP como Canarias. Indicó que en el último año se han registrado «2.000 fallecimientos esperando en el limbo de la dependencia».
Torres también criticó las altas tasas de pobreza en Canarias, recordando que en una comunidad que recibe 18 millones de turistas, «los ricos son siete veces más ricos que el resto de los españoles», lo que genera una brecha social considerable que coloca al archipiélago «a la cola de las comunidades autónomas».
Por último, envió un mensaje dirigido al PP en relación con la regulación de la Vivienda Vacacional (VV), ya que considera que ha provocado un «efecto llamada», sacando del mercado residencial cerca de 40.000 viviendas. Esto ha generado un aumento en los alquileres y ha dificultado la adquisición de vivienda residencial. Torres recriminó al PP su rechazo a las enmiendas del PSOE canario, señalando que el 75% de los propietarios de viviendas vacacionales poseen «más de cuatro» propiedades, mientras que las familias con una VV constituyen un porcentaje mínimo. En este sentido, criticó también que la Consejería canaria de Turismo no haya aceptado implementar límites.
