En Madrid, a 31 de diciembre de 2025 – El Tribunal Supremo comienza el año 2026 con varios asuntos pendientes, siendo uno de los más destacados el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en relación con presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia, cuyo juicio aún está pendiente de fecha.
La Sala de Apelación del alto tribunal ha respaldado, este diciembre, la decisión del magistrado instructor Leopoldo Puente de llevar a juicio a Ábalos y Koldo, quienes se encuentran en prisión provisional desde el 27 de noviembre pasado.
Tanto Ábalos como Koldo han recurrido su procesamiento; sin embargo, los magistrados han desestimado los recursos, señalando que prolongar la investigación con nuevas diligencias no podría afectar el «robusto arsenal indiciario» que existe contra ambos, criticando además su intención de «alejar el momento del enjuiciamiento alegando razones variopintas».
La Fiscalía ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular (PP), demandan 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que el empresario enfrenta la misma pena solicitada por el Ministerio Público.
Con miras al juicio, Ábalos ha solicitado ser juzgado por un jurado popular, compuesto por ciudadanos, y no por un tribunal de magistrados.
AMAÑOS DE OBRA PÚBLICA
El caso de las mascarillas no será el único frente judicial para Ábalos en el Supremo, ya que el exministro también está bajo investigación en otra pieza del ‘caso Koldo’, relacionada con una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que también están imputados Koldo y el exdirigente socialista Santos Cerdán.
En este caso, en el que se investigan a empresarios y antiguos responsables de constructoras, el magistrado instructor continuará indagando, a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue varios informes.
CAUSAS CONTRA ‘ALVISE’
Otro de los casos que el Supremo continuará instruyendo en el nuevo año es el que afecta al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, quien ya ha prestado declaración voluntaria en tres de las cuatro causas abiertas, mientras se tramitan los correspondientes suplicatorios al Parlamento Europeo para proceder a su imputación formal.
En concreto, ‘Alvise’ enfrenta acusaciones de presunta financiación irregular de su partido SALF, presunta difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa, y presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
A estas acusaciones se suma el supuesto acoso y revelación de secretos sobre dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 en la lista de SALF y que han interpuesto una querella contra él. El Supremo ha ofrecido a ‘Alvise’ la oportunidad de declarar voluntariamente y ha citado a los dos querellantes para el próximo 19 de enero.
Asimismo, tras la condena a dos años de inhabilitación impuesta al ex fiscal general del Estado, el Supremo estará pendiente de si Álvaro García Ortiz decide presentar un incidente de nulidad contra la sentencia que tendrá que resolver el alto tribunal.
LA RENOVACIÓN DEL TC Y LOS RECURSOS DE LOS CONDENADOS DEL ‘PROCÉS’
El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver los recursos de algunos condenados por el ‘procés’, en contra de la decisión del TS de no amnistiarles por malversación.
Entre ellos se encuentra el ‘expresident’ Carles Puigdemont, quien a su vez ha solicitado al Constitucional que suspenda la orden de detención nacional que sigue vigente en su contra.
El TC también tiene por resolver los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del TS de no amnistiarles por malversación.
A más de lo relacionado con el proceso independentista catalán, el TC deberá abordar la renovación de cuatro de sus magistrados: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y otros tres miembros: la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez, cuyos mandatos expiraron el 17 de diciembre pasado.
Esta renovación parcial no se espera que ocurra pronto debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos, PP y PSOE, para pactar otros cuatro nombres, lo que podría originar un bloqueo «prolongado».
Así las cosas, desde el TC prevén un retraso que se prolongará en el tiempo y que afectará el mandato de los nuevos magistrados que finalmente se designen, ya que de los 9 años de mandato que tienen, se deberá restar el tiempo que transcurra entre el 17 de diciembre y la fecha en que se realice la renovación.
