El pleno del Parlament ha rechazado este martes la toma en consideración de la ley impulsada por MÉS per Mallorca, que contenía diversas medidas para regular el acceso a la vivienda en Baleares, incluyendo la prohibición de la compra de inmuebles a personas no residentes. La iniciativa no superó el debate, con el voto en contra del PP y Vox, mientras que la izquierda se mostró a favor.
La propuesta de los ecosoberanistas buscaba otorgar a los municipios la capacidad de limitar, de forma temporal, la compraventa de viviendas a no residentes, a entidades jurídicas y a segundas residencias. El portavoz del grupo, Lluís Apesteguia, argumentó que la propuesta cumplía con todos los requisitos de la Unión Europea y se basaba en una jurisprudencia que ya había permitido este tipo de restricciones excepcionales en el pasado.
Apesteguia destacó que actualmente el 48,46 % de las viviendas en las Islas no están destinadas a ser residencias familiares, y que este fenómeno está en aumento; en los últimos años, el 82,31 % de las viviendas construidas han sido para usos que no son primera residencia. Además, la proposición estipulaba una serie de condiciones que los municipios debían cumplir para aplicar restricciones en el mercado inmobiliario, como el aumento del precio de compra o alquiler por encima del 3 % del IPC de Baleares en los últimos cinco años.
A pesar de la intención de la ley, Apesteguia admitió que por sí sola no podría resolver la crisis de acceso a la vivienda, la cual es un problema de múltiples dimensiones que requiere diversas soluciones. Defendió la necesidad de un “paraguas excepcional” que actúe en situaciones críticas, una vez agotadas las políticas habituales.
El representante de MÉS reclamó que la propuesta no diferenciaba en función de la nacionalidad, sino del uso que se dé a la vivienda. En su intervención, también se refirió al mandato constitucional, criticando a quienes sólo utilizan la Constitución para justificar acciones en contra de aquellos que no se sienten españoles, acusando a los opositores de tener una agenda de especulación en lugar de preocuparse por las necesidades habitacionales de los ciudadanos.
MEDIDAS VALIENTES
La diputada socialista Carol Marquès se pronunció en términos similares, planteando que el debate debía centrarse en garantizar el uso social de la vivienda y la lucha contra la especulación. Criticó el rechazo a la toma en consideración y pidió al Govern que sea receptivo a todas las propuestas.
Josep Castells, portavoz de MÉS per Menorca, hizo hincapié en cómo la dependencia del turismo ha impactado el mercado inmobiliario, señalando que la crisis no se limita a las urbanizaciones de lujo, sino que afecta a todos los niveles del sector. Subrayó que el libre mercado y la turistificación están eliminando la posibilidad de residencias permanentes.
Desde Unidas Podemos, el diputado José María García expresó su pesar por la transformación de la vivienda en refugio para especuladores y lamentó la falta de acción del Govern para abordar esta problemática.
En el turno de intervenciones en contra, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, argumentó que la propuesta no resolvería el problema habitacional y caracterizó la intervención como “jurídicamente frágil” y “económicamente contraproducente”, advirtiendo que implica una amenaza contra la propiedad privada.
La diputada popular Margalida Pocoví criticó el supuesto oportunismo de la proposición, preguntando por qué no se formularon medidas similares en legislaturas anteriores y destacando la inacción del Govern ante una situación crítica. Además, sostuvo que no podía apoyar una propuesta que consideraba inconstitucional y contraria al derecho europeo, que limitaba la libertad de los residentes en Baleares.
Con este panorama, el debate sobre la crisis habitacional continúa en el aire, evidenciando divisiones profundas sobre las soluciones propuestas y la dirección del mercado inmobiliario en las Islas Baleares.
