El Pleno del Parlamento de Andalucía debatirá este próximo miércoles, 26 de noviembre, la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de «recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía». Esta iniciativa ha sido promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, sobre la que el Ejecutivo andaluz del PP-A no ha manifestado criterio previo, ni favorable ni desfavorable a su tramitación.
El pasado miércoles, la Junta de Portavoces fijó el orden del día del Pleno de esta semana, que se desarrollará durante tres jornadas en vez de las dos habituales. Las discusiones comenzarán el miércoles a las 16:00 horas con los debates finales de dos proyectos de ley: uno sobre impulso y promoción de la producción ecológica y otro sobre Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, después de los cuales se debatirá la mencionada ILP.
El texto de esta Iniciativa Legislativa Popular parte de la premisa de que, «desde el año 2019», cuando el líder del PP-A, Juanma Moreno, fue investido presidente de la Junta, «se ha hecho más intenso» el «deterioro de la sanidad pública» en Andalucía. Los promotores sostienen que el modelo de gestión que se ha intensificado desde entonces es el de colaboración sanitaria público-privada, que ha resultado en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y en un crecimiento continuo del privado.
Por una modificación de la Ley de Salud de Andalucía
La exposición de motivos de esta iniciativa legislativa advierte que «las decisiones privatizadoras se acumulan en este periodo», y que «las listas de espera sanitarias, tanto las diagnósticas como las quirúrgicas, se han visto incrementadas de forma escandalosa». La ILP propone «una nueva legalidad que dé fin al deterioro presente de la sanidad» mediante modificaciones de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía.
Estas modificaciones buscan poner en marcha sistemas de control social sobre las decisiones de la administración en materia sanitaria, potenciar el desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales y regular el papel subsidiario de la concertación con el sector privado.
La ILP consta de un artículo único que modificará la Ley de Salud de Andalucía, de forma que se establezca que «el sistema sanitario público de Andalucía» se caracterizará por «la extensión de sus servicios a toda la población; el aseguramiento único y público y la financiación pública del sistema; el uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de los servicios», así como «una atención integral a la salud, procurando altos niveles de calidad evaluados y controlados».
Además, se plantea que la Ley de Salud de Andalucía estipule que «la red de atención primaria tendrá un dimensionamiento de personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas» y que se garantice «una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas y de 60 días para intervenciones quirúrgicas».
Finalmente, la ILP busca que se determine que «el régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto», y se requerirá a la Consejería de Salud que adopte las medidas necesarias para auditar la calidad asistencial y la equidad en el acceso a servicios financiados con dinero público.
